Teresa Cunillera se esconde, dicen en La Paeria de Lleida. La delegada del gobierno español recibió hace un mes la carta del alcalde de esa ciudad, Miquel Pueyo, de ERC, en que le propone la regularización exprés de los migrantes sin papeles que ya están en el Segrià para la campaña frutícola. "No sabemos nada", ha dicho este sábado un portavoz de La Paeria a ElNacional.cat. "Nos dijeron que lo transferían al gobierno central, pero no tenemos ninguna respuesta", explicó Pueyo en El Món a RAC1 esta semana. La carta también la firman los portavoces municipales de JxCat, PSC, Común de Lleida y ERC, y también fue remitida al delegado del Gobierno en Lleida, Ramon Farré.
El alcalde advirtió en abril la llegada masiva de personas, muchas en situación irregular, a pesar de estar en pleno confinamiento y en estado de alarma. "Muy normal no era", ha dicho Pueyo, que trasladó su preocupación al subdelegado del gobierno español en Lleida, José Crespín, y a la delegada Cunillera, dado que las competencias en extranjería corresponden al Estado. "En una época en que la movilidad está tan restringida ¿cómo llegan personas a la comarca?", se preguntan en La Paeria.
"La delegada respondió en menos de 48 horas", dice una portavoz de la delegación del gobierno español. "Se les ha ofrecido toda la ayuda de que disponemos", añade. En su respuesta, Cunillera, que es leridana, dice: "No sólo comparto [...] la preocupación que me traslada sino que soy plenamente conocedora personalmente de ella". Recuerda también que se trata "de una problemática que desde hace tiempo es recurrente en Catalunya, y muy concretamente en Lleida. Y sin duda, hay que buscar una solución para que no se repita". Más adelante, recuerda que el gobierno central, ante la pandemia, "ha dictado diferentes instrucciones" que han flexibilizado "los requisitos para la regularización y renovación [de los permisos de trabajo]".
Esta respuesta, sin embargo, no aborda la propuesta principal de La Paeria, estudiar la regularización de los temporeros, que sigue parada en Madrid. "Sin papeles y más con la pandemia, ningún campesino se arriesga a contratar. ¿Qué se reclama? Que ya que están aquí, se regularice su situación, aunque sea temporalmente", explican. La propuesta de La Paeria es parecida a la de la iniciativa #Regularizaciónya: que España imite a Portugal, que dio papeles a todos los que pidieron el permiso de residencia. Esta iniciativa tiene el apoyo de más de 900 ONGs.
Regularización masiva del 2005
Es una propuesta con precedentes. En el 2005, Jesús Caldera, el primer ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del gobierno Zapatero, aplicó una regularización masiva de los sinpapeles que demostraran que tenían trabajo. El proceso benefició a unas 500.000 personas. La ideóloga de la operación fue Consuelo Rumí, entonces secretaria de Estado de Migraciones, cargo que también ocupó en el primer gobierno de Pedro Sánchez. Rumí explicaba que el trabajo no sólo dignifica los migrantes, también los incorpora al sistema: cotizan a la Seguridad Social y pagan impuestos. Incluso el Consejo de Europa la consideró modélica.
40.000 trabajadores temporeros
La cosecha convoca anualmente en el Segrià a unos 40.000 temporeros. El sistema de acogida no es perfecto pero funciona, especialmente desde la regularización de 2005 y la organización de las contrataciones en origen. Así se acabó con la "no política" del segundo gobierno Aznar (2000-2004) de enviar hacia Catalunya personas en situación irregular, que provocó huelgas de hambre, encierros de migrantes y un desalojo violento, a cargo de la policía española, de los subsaharianos acampados en las plazas Catalunya y André Malraux de Barcelona. Eran los tiempos de la delegada Julia García Valdecasas.
La pandemia y el estado de alarma, sin embargo, ha desbaratado todo el proceso formal de contratación, traslado y alojamiento de los jornaleros. "Más de la mitad no tienen papeles. No es que no los queramos. Claro que no. Pero no pueden trabajar porque no tienen papeles y no tienen papeles porque no pueden trabajar. Regularizamos la situación y dignifiquemos a estas personas. Esta es una competencia del Estado", explican en La Paeria. La actitud del Estado, lamentó Pueyo en RAC1, implica una "gran hipocresía" porque "muchas de estas personas hace años que no tienen papeles y sólo los barren de un lado a otro, trasladan el problema".
Lleida, como otros municipios de la comarca (Torres de Segre, Soses...), ha habilitado lugares de acogida. Entre marzo y mayo, la capital del Segrià ha habilitado 276 plazas en dos pabellones de la Fira (en la foto). Estaban casi llenos hasta el 2 de julio. Los últimos diez días han alojado hasta 271 personas, de las que menos del 20% por término medio tenían trabajo, según datos de La Paeria.
La delegación del gobierno español y su subdelegación de Lleida, desde que la Generalitat recuperó competencias, han vuelto a su actividad ordinaria. Participan en las reuniones del Procicat y han ofrecido los servicios del ejército y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para lo que convenga, explica la portavoz de la delegación. De hecho, la Guardia Civil se encarga de controlar el acceso al Segrià desde Huesca a petición del Govern. Cunillera participó el jueves en el acto "De la foscor a la llum", en homenaje a las víctimas de la Covid-19 y también se ha ofrecido desde su cuenta de Twitter.
Siguiendo con atención el confinamiento del Segrià. Cooperación y colaboración con las autoridades catalanas. Hace falta responsabilidad por parte de la ciudadanía. Si nos protegemos nosotros protegemos a quien|quién nos rodea. Juntos hemos detenido la pandemia y juntos tenemos que seguir manteniéndola a raya
— Teresa Cunillera (@CunilleraTeresa) July 4, 2020
El subdelegado Crespín, por su parte, ha hablado con la mayoría de los 38 alcaldes y alcaldesas del Segrià para hacerles saber "que tienen todos los recursos del Estado a su alcance, siempre al servicio de poder complementar las competencias de la Generalitat". La regularización de los temporeros, sin embargo, sigue sin respuesta.