Esta mañana han declarado 10 de los 196 acusados de cortar la Jonquera los días 11 y 12 de noviembre del 2019 como protesta a la sentencia del judicio al procés, en una de las acciones más contundentes de Tsunami Democràtic.

Como ya pasó con el primer grupo de acusados citados por el juez de instrucción 4 de Figueres, se han acogido a su derecho a no declarar. La instrucción se puede alargar meses. El juez va citando grupos de 10 en 10, y sólo han pasado 20 hasta ahora. Su investigación se tendrá que basar en las escasas pruebas recogidas por la Guardia Civil y en los testigos de la policía. Pero más allá del hecho de cortar el AP-7 no hay ninguna pista más que lleve a Tsunami Democràtic ni a ninguno de los organizadores de la convocatoria.

A todos se les identificó porque tenían el coche parado en la AP-7 o bien porque salían en las imágenes que la policía grabó durante las 30 horas que duró la convocatoria. Se les acusa de desórdenes públicos, pero no hay pruebas para adjudicarles la autoría de la organización ni la pertenencia a Tsunami Democràtic.

Hoy ante el juzgado de Figueres se ha hecho una nueva convocatoria de apoyo a los acusados de CDR Figueres y Alerta Solidària, que es quien coordina las defensas.

Identificaciones y cacheos

En el atestado policial se remarca que la mayoría de los acusados llevaban las pancartas de Tsunami Democràtic pegadas a los coches. La única prueba de cargo que tienen para demostrar que realmente iban a hacer el corte es que en muchos de los vehículos encontraron mantas, sacos de dormir, almohadas, bolsas con víveres y mesas y sillas para acampar. Todo con el intento de adjudicarles la autoría de la convocatoria y la pertenencia a Tsunami.

Uno de los atestados de los Mossos destaca que Tsunami Democràtic es un movimiento "caracterizado por la ausencia de personas visibles al frente de la ciudadanía". Pero la Guardia Civil busca entre los identificados del corte responsables políticos, y en uno de los informes destacan a Arran, la CUP y la Forja como responsables de las convocatorias. De hecho, entre los acusados hay concejales de la CUP de diferentes municipios de Catalunya.