Blindar el catalán. Este es el objetivo que persigue el nuevo Decreto del régimen lingüístico del sistema educativo de Catalunya, que ha aprobado este martes el Govern en funciones. La medida pretende fortalecer la lengua frente a los ataques del sistema judicial para imponer el 25% de castellano en las aulas. Así, se establece el catalán como lengua "normalmente utilizada como vehicular" y de aprendizaje del sistema educativo y en la acogida de los alumnos recién llegados —y el aranés para los centros del Arán—. También lo es en las actividades educativas, incluidas las extraescolares, así como en las comunicaciones internas de los centros y en la proyección externa y de relación con el resto de la comunidad educativa. De esta manera se da una "mayor seguridad jurídica" a los centros, ya que será el Departamento de Educación quien validará el proyecto de cada centro y quien "asumirá la responsabilidad" sobre la la legalidad de todos los casos, y no las direcciones de los centros.

Uno de los puntos más destacables hace referencia al nivel de catalán de que disfrutan a los docentes. Así, si hasta ahora se había advertido durante años que se requeriría a los profesores tener el nivel más alto de lengua, este aviso se hace ahora realidad: la normativa establece que los nuevos docentes que se incorporen al sistema educativo catalán tendrán como "requisito" tener validado el nivel C2 de catalán a partir del curso 2025-2026. Este será un elemento obligatorio para todos los maestros de los centros de enseñanza no universitario, y el nivel de C2 tendrá que ser oral y escrito —también del aranés en el Arán—. Además, en otro apartado, se informa de que el requisito de lengua también afectará a los docentes que ya están dentro del sistema: a partir del curso 2027-2028, el C2 también se exigirá para aquellos que quieran optar a promociones o cambiar de puesto de trabajo.

En la misma línea, el decreto aprobado por el Govern prohíbe a los profesores y al personal educativo de cada escuela e instituto cambiar de lengua de docencia a lo largo de curso, como se había denunciado que pasaba en algunos casos hasta ahora. Para hacerlo, se declara que los proyectos lingüísticos de los centros tendrán que explicitar cuál será la lengua de enseñanza, y que este proyecto no se podrá cambiar una vez iniciado el curso. Por eso se establece el catalán como "lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje del sistema educativo". Este proyecto tiene que incluir los indicadores de evaluación de las lenguas, el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada lengua, las medidas de atención lingüística para el alumnado recién llegado, los criterios de coherencia lingüística que hay que seguir en servicios como el comedor o las salidas y la formación del profesorado en la mejora de la competencia lingüística.

El castellano, en el limbo

Hay referencias a la polémica inclusión del castellano como lengua de enseñanza. Así, evidentemente se indica que las asignaturas de lengua castellana se tienen que impartir en castellano, pero también se abre la puerta para que el proyecto lingüístico de cada centro pueda prever "el uso curricular y educativo del castellano para algunos contenidos específicos y actividades". Ahora bien, esto se hace con la intención de esquivar una posible ofensiva judicial para eliminar esta lengua del sistema educativo, y en todo caso la normativa destaca que la presencia del castellano dependerá "de los indicadores de logro de la competencia lingüística, la evolución de los aprendizajes y el dominio de los varios registros lingüísticos por parte del alumnado, la situación sociolingüística general y la de su centro y su entorno".