El juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Barcelona ha aceptado a trámite una demanda pionera contra el Ayuntamiento de Martorell por negarse a empadronar a vecinos sin un contrato de alquiler o de compra. Seis vecinos han denunciado ante la justicia que el consistorio no los aceptaba en el padrón por vivir realquilados, ocupando o durmiendo en la calle. Todo esto contradice lo que recoge la ley, ya que se permite tramitar el padrón independientemente de la situación residencial de cada persona.
"Es un crimen humanitario y constitucional", afirma Abou Eyad, uno de los denunciantes, que ocupa con su familia en un piso de un gran tenedor en el municipio. Los denunciantes recuerdan que es una obligación de los consistorios y critican que no hacerlo aboca a mucha gente a no poder acceder a servicios básicos como la salud o la educación y a caer en manos de "mafias" para regularizar su situación. Los seis afectados solicitaron el padrón por la vía ordinaria, pero el ayuntamiento no les respondió, según ha adelantado Nació Digital.
Los denunciantes han explicado que consiguieron que el consistorio les permitiera llevar a sus hijos a la escuela y acceder a los servicios sanitarios porque se trata de menores de edad, pero a ellos se les ha denegado. Eyad ha relatado que han intentado resolver el conflicto "de todas las maneras posibles" y que al final no les ha quedado más remedio que ir por la vía judicial. También ha lamentado que, en los contactos que han tenido con el ayuntamiento, se los ha tratado muchas veces como a "delincuentes" y que lucharán hasta el final porque el del padrón "es un derecho fundamental".
Un problema enquistado
Martorell no es la primera vez que recibe críticas por poner trabas en el empadronamiento. En declaraciones en Catalunya Ràdio, en el año 2023, el oficio del síndico afirmó que Martorell era el municipio que acumulaba más quejas por poner impedimento al padrón. Sin embargo, Martorell no es el único municipio que ha recibido este tipo de quejas. El síndico también ha señalado consistorios como los de Santa Coloma de Gramenet o Badalona.
Un caso similar se dio en Ripoll, donde la Fundación Ibn Buttuta denunció a la alcaldesa, Sílvia Orriols, al considerar que los obstáculos y "dilaciones injustificadas" en los procesos de empadronamiento de personas migrantes podrían consistir en un delito de odio.
Según la ley, las personas que viven en un municipio tienen que estar empadronadas en el mismo. Todo ello independiente de si son propietarias o arrendatarias, tanto si tienen un título habilitante o una residencia fija.