El Síndic de Greuges ha presentado un demoledor informe sobre cómo se tiene que actuar en situaciones de asentamientos, unos protocolos que no se habían implementado en el caso de la nave que se incendió en el barrio del Gorg en Badalona el pasado 10 de diciembre. En el momento de la tragedia en esta instalación vivían un centenar de personas, de las cuales mínimo cuatro murieron y un elevado número resultaron heridas.
Ahora bien, tal como se recuerda en el informe, el caso de Badalona no es un hecho aislado en Catalunya, donde se estima que, como mínimo, puede haber unos 77 asentamientos, en los cuales malviven en torno a unas 400 personas. "Los datos, sin embargo, siempre son aproximados porque no hay un censo fiable a escala de Catalunya sobre estas situaciones", se precisa en el documento.
El caso de Badalona
Con respecto a la situación de Badalona, el Síndic ha podido constatar que en la localidad no se dan las circunstancias para que se garantice el derecho a que los residentes del municipio puedan acceder a una vivienda protegida. Así pues, pone de relieve que, por una parte, en la localidad fallan pisos de protección oficial a la vez que para acceder a estos se requieren documentos como el DNI o el NIE, que no disponen las personas que no están regularizadas. "Ante este hecho, el Síndic reclama que se haga efectivo y ágil el derecho de acceder en una vivienda protegida, lo cual en estos momentos en Badalona no funciona adecuadamente", se detalla en el informe.
También, ha puesto de manifiesto que la cartera de servicios sociales tiene que disponer de recursos para el acogimiento residencial de urgencia y de residencia temporal para personas adultas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Sin embargo, muchos municipios, como Badalona, no disponen de estos servicios. Un claro ejemplo de esto es que las personas afectadas por el incendio se tuvieron que derivar al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) de Barcelona. Asimismo, también se produjo una "falta de detección de la situación de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales para poder ofrecer orientación y acompañamiento" a los afectados.
Otro de los puntos claves que destaca en el informe del Síndic de Greuges es que todas las personas tienen el deber de empadronarse allí donde residen, pero "también es una obligación del ayuntamiento dar de alta a las personas en el padrón". En el caso específico de los habitantes de la nave de Gorg sólo diecinueve estaban empadronadas.
"Negar el empadronamiento a una persona que reside efectivamente en el municipio no sólo no está basado en criterios jurídicos, sino que impide el disfrute efectivo de numerosos derechos de estas personas", valora el Síndic en el informe.
Ante esta situación, reclama que se reforme la ley de extranjería que determina que uno de los requisitos para poder acceder al empadronamiento es que la persona tenga un contrato de trabajo por un periodo no inferior de un año. Mientras que eso no suceda, pide que se den respuestas de urgencia como "hacer una enmienda por un tiempo determinado que permitiera la regularización urgente de todas las personas que se encuentran en situación administrativa no resuelta".
Conflicto de convivencia
Por otra parte, el Síndic de Greuges, después de analizar las respuestas recibidas por la Dirección General de la Policía, no ha detectado que existiera un conflicto de convivencia entre los habitantes del inmueble ocupado y sus vecinos. En este sentido, esta infraestructura hacía una década que estaba ocupada y, tal como se argumenta el informe del Síndic, "aunque a lo largo de este 2020 se habían producido quince incidentes de relevancia policial en la nave incendiada, la mayor parte fueron de carácter menor (discusiones verbales y peleas) y el diagnóstico que se hace es que no se trataba de un lugar especialmente conflictivo".
Además, la institución recuerda que cualquier propuesta de desalojo se tiene que acompañar con una previsión del ayuntamiento sobre qué medidas de protección se ofrecen a las personas que viven una situación de especial vulnerabilidad como las de la nave de Badalona que, a menudo, necesitan "una protección por varios motivos".
Otro de los problemas que resalta el Síndic es la falta de confianza de las víctimas del incendio hacia las instituciones públicas y, en especial, de los servicios sociales y policiales. En este sentido, el día que se originó el fuego, se activó el Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat Social Corporativa (AME) que constató la falta de confianza de los afectados a la hora de dar sus datos personales tanto a los servicios sociales como a los cuerpos policiales porque tenían miedo de que fueran a aprovecharlas para abrir un expediente de expulsión.