La aplicación de la ley de amnistía no servirá, si no hay un recurso a instancias superiores, para liberar de culpa a los cuatro acusados del asalto violento contra la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Vic en el mes de febrero de 2021, durante los disturbios que se registraron por todo el país tras la detención y encarcelamiento del rapero leridano Pablo Hasél.
Después de una manifestación en la capital de Osona, un grupo de personas se acercaron hasta la plaza del Milenario, donde está la comisaría de los Mossos, y la atacaron, destrozando los cristales exteriores, y llegando a acceder al menos hasta el vestíbulo del edificio policial. La policía catalana no tenía suficientes recursos para repeler el ataque en un primer momento y no fue hasta pasados unos minutos que pudieron responder, con agentes de seguridad ciudadana, al asalto. Las personas que estaban dentro de la comisaría, que estaban presentando denuncias, se tuvieron que esconder bajo las mesas, asegura el escrito de acusación particular que lidera el sindicato USPAC de los Mossos d'Esquadra para defender los intereses de los agentes heridos esa noche.
Nada que ver
Los cuatro acusados, Tarik D., Irene C.A., Mauricio G.G. y Guillem S.C., sin embargo, no podrán beneficiarse de la ley de amnistía que se aprobó en el mes de julio de este año, tras el pacto entre el gobierno español del PSOE y Sumar y los partidos soberanistas, Junts y Esquerra. Las defensas de los acusados pidieron ser incluidos en esta ley extraordinaria -que avanza por barrios; muchos policías implicados en las cargas del 1 de octubre ya se han beneficiado, pero el Tribunal Supremo todavía se niega a aplicarla al presidente Puigdemont, sobre quien aún pesa una orden de detención- pero USPAC se opuso.
Ahora el juzgado número 1 de Vic ha aceptado la postura del sindicato policial y deniega la aplicación de esta ley a los cuatro acusados. Según la interlocutoria judicial, nada tienen que ver los incidentes que se registraron en Cataluña por la detención de Hasél con los motivos por los que se hizo la ley, enfocada en acciones e incidentes relacionados con el proceso de independencia.
El ataque a la comisaría de Vic causó una gran ola de reacciones públicas. El jefe del cuerpo, entonces el mayor Josep Lluís Trapero, se desplazó hasta allí, junto con el director general, Pere Ferrer. El consejero Miquel Sàmper, entonces con Junts y ahora también en el Gobierno, con el PSC, asistieron a la comisaría de la capital de Osona al día siguiente para mostrar apoyo a los agentes que tuvieron que hacer frente al brutal ataque. Después del incidente de Vic se activaron cambios estructurales en las comisarías para reforzar su seguridad, tanto para incidentes como para posibles y eventuales ataques terroristas.