El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciará la ruta por África esta semana mientras se agudizan las críticas de la oposición y sigue el goteo constante de inmigrantes ilegales. Las llegadas de pateras a las costas españolas, especialmente a las de las Islas Canarias, han continuado día tras día en los últimos meses, con un incremento sustancial también por vía terrestre en la frontera entre la ciudad autónoma española de Ceuta y Marruecos. Aunque no solo es por el sur por donde se producen las llegadas: Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rescataron este domingo a una decena de personas de origen magrebí en una patera a unas 70 millas de la isla de Cabrera, en Baleares. Con todo ello, además de la confrontación política que ha renacido en el frente fronterizo, cabe preguntarse: ¿Qué dicen los datos? ¿Cómo se protegen las fronteras externas de la Unión Europea? ¿Cuál es la política migratoria actual en el Estado?
Los datos: colapsan Canarias y Ceuta mientras Melilla y la Península cogen aire
Durante este año 2024, según los datos acumulados del 1 de enero al 15 de agosto del Ministerio del Interior, han llegado a España, de forma registrada oficialmente, un total de 31.155 inmigrantes irregulares. Esto supone un crecimiento del 66,2% respecto al mismo periodo del año anterior, unas 12.410 personas más. Pero la problemática migratoria no solo se agudiza por esta cifra, sino cuando se focaliza en una pequeña parte del territorio, como sucede en Canarias o Ceuta, especialmente por la vía marítima. Esto ha provocado las críticas del presidente canario, Fernando Clavijo, que finalmente logró reunirse después de mucho insistir con Sánchez en Lanzarote, durante sus vacaciones de verano, tras una crisis que el Gobierno no ha sabido contener. El presidente ceutí, Juan Vivas, por otro lado, sigue pidiendo ayuda y ha recordado que "este es un asunto de todos" y que no dejen sola a Ceuta.
El Gobierno, durante la reunión con Clavijo, se comprometió este viernes a seguir negociando para reformar la Ley de Extranjería de forma apresurada para derivar a las diferentes comunidades autónomas los menores inmigrantes no acompañados y habitar 50 millones de euros para ayudar a Canarias en la gestión migratoria. Algo que el presidente canario ha visto escaso en las promesas de Sánchez y ha lamentado la poca determinación de la Unión Europea en un tema que presiona las fronteras exteriores del continente. Pero es que Canarias se encuentra al límite con más de 6.000 menores no acompañados en centros de acogida y con llegadas masivas cada semana. Los últimos datos del Ministerio del Interior son demoledores, con un aumento de llegadas de inmigrantes irregulares del 126,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto es un incremento de 12.440 personas y 152 embarcaciones más, que suman un total de 22.304 migrantes hasta el 15 de agosto de este año.
Ceuta, por otro lado, sigue sufriendo el colapso silencioso por parte del Gobierno, pese al incremento del 143% de llegadas de inmigrantes ilegales por tierra respecto al mismo periodo de 2023. La ciudad autónoma española no solo vivió el incidente fronterizo con Marruecos de 2021, en el que el Ejecutivo de Sánchez se vio obligado a desplegar al ejército para gestionar las devoluciones en caliente, sino que llevan casi un año en situación de emergencia. Tal y como explicó ElNacional.cat, la metrópoli norteafricana califica de "situación de emergencia migratoria" el hecho de tener más menores no acompañados de los que puede acoger y que hayan tenido que reorganizar espacios para acogerlos ante la negativa de la derivación y del Gobierno, que aseguró una financiación de 4,5 millones de euros que anunció como extraordinaria y que es la cantidad idéntica a la aportada en 2023.
La curiosidad de estos datos, en los que se ve colapsada Canarias y Ceuta, principalmente, como ya sucedió en otros incidentes durante el Ejecutivo de Sánchez en 2011 en Ceuta o en 2022 con la Masacre de Melilla, es precisamente que Melilla acumula un descenso migratorio considerable y la Península también. Las entradas por vía terrestre a través de la valla de la ciudad autónoma española junto a la población marroquí de Nador han descendido un 57,3% respecto a 2023 y un 93,3% por vía marítima. Situación similar a la registrada en las llegadas a la Península y Baleares por mar, con un 11% menos y que pasa de los 8.068 inmigrantes irregulares a los 7.184 hasta el 15 de septiembre, los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior.
El Sahel: la primera frontera de Europa y el viaje tardío de Sánchez
Sánchez vuelve de sus vacaciones en Lanzarote este martes con la habitual reunión del Consejo de Ministros en la Moncloa y después emprenderá una gira por la República Islámica de Mauritania, la República de Gambia y por último la República de Senegal, de donde volverá el jueves. El Sahel y los países que hay bajo este cinturón que atraviesa África es la primera frontera de Europa y, por tanto, de los países que se encuentran en el Mediterráneo europeo. La segunda, con toda seguridad, en el caso español, es el Magreb, con incidentes recurrentes en los últimos cinco años y por el que, a diferencia de Canarias, ha colapsado la ciudad española de Ceuta desde hace más de un año.
Frontex es una de las claves en esta primera y última frontera de Europa, aunque la protección de la agencia de guardias de fronteras y costas estuvo a punto de peligrar este 2024 por una supuesta mala gestión del Ejecutivo español que quería controlar la información relativa a la inmigración. Finalmente, se logró una solución y se acordaron planes para la Operación Conjunta Indalo, Minerva y Canarias con las que Frontex, según apuntaron a ElNacional.cat, desplegaron 282 agentes, aviones y otros equipos especializados en calidad de apoyo estratégico en los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta. Estos dispositivos son una ayuda más a los que ya llevan a cabo Guardia Civil, Policía Nacional o Salvamento Marítimo. Estos últimos, rescatando a centenares de inmigrantes irregulares que muchas veces pierden la vida intentando llegar a las costas españolas, sobre todo a las de las islas de la Macaronesia.
La reforma de la Ley de Extranjería: ¿arma política?
La reforma de la Ley de Extranjería se topó con la negativa, ya esperada, del PP y Vox, pero también se sumó en contra Junts. Algo inesperado para el PSOE, que ahora presiona al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para que apoye la nueva normativa, sobre todo después de sus declaraciones de este sábado sobre la crisis migratoria en las costas españolas. Esta confrontación política por una problemática en la que Canarias y Ceuta han colapsado, intentando prestar ayuda y acogida a los inmigrantes irregulares que llegan en masa, mientras otros se quedan por el camino y mueren en aguas del Atlántico y también del Mediterráneo, es una forma rápida para aliviar de la presión a las islas de la Macaronesia y las ciudades autónomas del norte de África. Pero, ¿en qué consiste?
Una posible reforma de la Ley de Extranjería tendría que basarse, tal y como solicita el Ejecutivo de Sánchez, en establecer la obligatoriedad de reparto en todo el Estado, para todas las comunidades autónomas. Para ello, debería modificarse el artículo 35 de dicha norma y plantear criterios objetivos ante los cuales declarar situaciones de contingencia, como la solicitada por Ceuta en febrero, y articular un protocolo de derivación que vele por el interés de los menores. Mientras las negociaciones siguen adelante, ante una crisis que el Gobierno viene alargando desde antes de desplegar al ejército en la ciudad ceutí en 2011, Sánchez pretende frenar, supuestamente, en origen la llegada de cayucos de Mauritania, Gambia o Senegal con el viaje a África de esta semana.
Por su parte, la Unión Europea sigue en silencio, expectante, y a la espera de los acontecimientos y de si se podrá llevar a cabo en un futuro la solidaridad para repartir entre los Estados de la UE la carga de la atención al asilo tras el Pacto de Migración y Asilo aprobado por las instituciones europeas. Mientras, tanto el Gobierno como el Ejecutivo comunitario siguen brindando ayudas y acuerdos para intentar contener la inmigración irregular en los países periféricos de la Unión, con centenares de millones anuales, y, en muchos casos, sin las condiciones humanitarias necesarias y mínimas para esas personas que intentan llegar a Europa.