La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Ribeira, en funciones de guardia, ha decretado este lunes prisión provisional incomunicada y sin fianza para José Enrique Abuín Gey, "sospechoso de haber acabado con la vida de Diana Quer" y de haber intentado raptar a otra joven el lunes en Boiro. El hombre, conocido como el Chicle, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada.
Detenido desde el viernes, Abuín Gey llegó a los juzgados de Ribeira procedente del cuartel de Lonzas, en A Coruña, poco antes de las 8.50 horas de este lunes, al cumplirse las 72 horas de máximo legal para pasar a disposición judicial.
Entre una gran expectación mediática, a su llegada a los juzgados fue recibido entre insultos e increpado por un grupo de jóvenes que regresaban de celebrar la fiesta de Fin de Año. Tras el autor confeso de la muerte de Diana Quer, entraron en el edificio miembros de la Policía Judicial portando cajas de pruebas.
Con el hombre ya a disposición judicial, según han confirmado fuentes judiciales, la jueza ha dedicado casi tres horas a revisar el "voluminoso" atestado relacionado con la detención antes de tomar declaración a el Chicle. A continuación, ha comparecido ante la magistrada el autor confeso de la muerte, que ha rechazado prestar declaración.
Finalmente, tras una maratoniana jornada de seis horas, la jueza ha emitido un auto en el que envía a prisión a el Chicle, que poco después de las 15,00 horas ha salido del edificio judicial en dirección a la cárcel de Teixeiro.
Homicidio doloso
Según recoge el auto, y a la espera de lo que "depare la instrucción", Enrique Abuín es sospechoso de haber cometido los delitos de detención ilegal en grado de tentativa y robo con violencia en relación al intento de secuestro de una joven hace una semana. La calificación se hace de forma provisional a la espera de que se confirme que el detenido trató de atentar contra la integridad sexual o la vida de la víctima.
Además, en relación al caso Diana Quer, se le investiga por un delito de detención ilegal y un homicidio doloso, "sin perjuicio de que el avance de la investigación pueda permitir otras calificaciones más graves, como la de asesinato".
La jueza ha acordado su ingreso en prisión por entender que existe "riesgo de fuga y de reiteración delictiva", así como para "evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas". Al investigado le constan antecedentes judiciales contra la seguridad vial y contra la salud pública.
La incomunicación se adopta a petición del ministerio fiscal debido al "elevado riesgo de destrucción de fuentes de prueba por parte del investigado", y en particular, "de que este pretenda influenciar en la declaración de los testigos de los hechos, lo que podría frustrar el buen fin de la investigación".