El exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, ha ingresado este lunes pocos minutos después de las 17.00 h en la prisión de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), para cumplir la condena de cinco años y ocho meses de prisión que le ha impuesto el Tribunal Supremo por el 'caso Nóos' por los delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración.

Durante esta semana estará al módulo de ingresos, hasta que se le asigne el definitivo, y más tarde será clasificado en primero, segundo o tercero grado. Mientras tanto, Torres ha pedido el indulto al gobierno español y la suspensión de pena mientras se tramita, pero ha ingresado en la prisión porque el mandamiento continúa en vigor y no hay ninguna decisión tomada por parte del tribunal.

Torres, como Urdangarin y el expresidente balear Jaume Matas, tenía hasta la próxima medianoche para ingresar en cualquier centro penitenciario, pero la semana pasada ya confirmó que lo haría en Brians 2, el más próximo a su domicilio de Sant Cugat del Vallès.

El ingreso voluntario en un centro penitenciario no comporta ser acompañado por la policía. El condenado ingresa a pie en la prisión con la orden judicial de ingreso y su documentación. Se lo conduce al módulo de ingresos, donde los funcionarios de vigilancia penitenciaria le cogen las huellas digitales, le hacen las fotos por la ficha penitenciaria y le practican un cacheo integral en una sala destinada a este uso. También le retiran las pertenencias prohibidas a prisión, como dinero o teléfonos móviles, lo dejan en un depósito y le entregan un recibo al preso.

Los primeros días en la prisión Torres los pasará en una celda del módulo de ingresos, donde lo visitarán un médico y diferentes profesionales del equipo de tratamiento para conocer su situación, conocer sus necesidades y decidir el módulo más adecuado, teniendo en cuenta que es la primera vez que ingresa en una prisión. Este proceso suele durar dos días, pero se puede alargar hasta un máximo de cinco.

Aparte del módulo, antes de dos meses también se decidirá la clasificación de Torres en primero, segundo o tercero grado. La junta de tratamiento del centro hará su propuesta a la dirección del centro, que tomará una decisión definitiva. La decisión puede ser recurrida por el interno ante el juzgado de vigilancia penitenciaria.

Se podría dar el caso de que un preso fuera clasificado directamente en tercer grado, que implica salir cada día del centro, incluso en condenas graves superiores a cinco años de internamiento, con dos excepciones: delitos graves como terrorismo, crimen organizado y abusos a menores, o que el juez establezca en la sentencia un llamado periodo de seguridad, cosa que supone que el acceso al tercer grado sólo se mujer a partir de la segunda mitad de la condena. Pero para acceder al tercer grado se tiene muy en cuenta si se ha pagado la responsabilidad civil establecida a la sentencia.

Si Torres fuera clasificado en segundo grado, lo más habitual, podría obtener permisos a partir de haber cumplido una cuarta parte de la condena, o sea de aquí más de un año, pero no es un procedimiento automático, sino que se tiene en cuenta su evolución como interno, el tratamiento, su conducta, si tiene apoyo familiar o domicilio fijo.

En el caso de los delitos económicos, no hay un tratamiento único y específico, sino que en función de cada interno se elabora un plan individual de tratamiento, que tendría como objetivos alcanzar ciertos valores y razonamientos éticos, empatía y práctica de actividades solidarias, o el ajuste de las expectativas respecto del estilo de vida, fijando los objetivos de éxito, personal o aquello necesario para vivir de forma satisfactoria.