Ha dimitido el gerente del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona después de que se hayan hecho públicas irregularidades a la entidad, según ha adelantado El Periódico y ha confirmado la ACN de fuentes del departamento de Derechos Sociales. Este ente público está constituido por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona y ejerce las funciones, en la ciudad, de programar, prestar y gestionar los servicios sociales de atención especializada de alcance superior, que implican funciones de valoración, diagnóstico, tratamiento, apoyo o rehabilitación.

Según las fuentes, Joan Uribe comunicó la "baja voluntaria" el 22 de octubre, una decisión tomada después del verano que "se enmarca en motivos personales". También indican que es una cuestión "meditada durante largo tiempo a consecuencia del desgaste personal, vinculado a la gestión de la pandemia." Precisamente fue a mediados de este mes cuando se hizo público que la Sindicatura de Cuentas y la Intervención de la Generalitat habían detectado contrataciones irregulares por 20 millones de euros y sobresueldos entre el 2014 y el 2019.

20 de los expedientes, sin transparencia

El informe de la Sindicatura sobre el 2014 concreta que 20 de los 22 expedientes analizados, por|para un valor de 22 millones de euros, se tramitaron sin publicidad, transparencia ni concurrencia pública y sin justificación. Además, en doce de los contratos menores fiscalizados el importe facturado supera el importe autorizado en el contrato y en siete casos el importe total facturado por el proveedor supera el umbral fijado en la normativa de contratación para los contratos menores, por lo cual se tendrían que haber tramitado mediante un procedimiento con concurrencia.

Más irregularidades

Con respecto al área de personal, algunos trabajadores recibieron una tercera paga extra, en concepto de asistencia y puntualidad, mientras que la normativa de la función pública sólo prevé dos. Además, indica que en el 2017 no se disponía de manuales del circuito de caja en que se determinaran el uso de efectivo y el control y que se ejecutó gasto por 957.840 euros por  el cual no se disponía de crédito suficiente.

En el informe de la Intervención de la Generalitat de 2015 se concluye que la entidad dio cumplimiento a la normativa a excepción de la en lo referente a los gastos de personal, de la normativa patrimonial, de la de contratación y de la de protección de datos.

Entre otros, apuntan a la creación de dos conceptos retributivos que no constan en el convenio y también se incrementó la retribución de dos personas sin justificación aparente. Según el análisis que hace la CGT de las auditorías, en el 2015 se pagaron sobresueldos por encima de convenio por valor de 352.379 euros, el 2017 328.726 y el 2019 por 256.000 euros.

 

Centro municipal de Serveis Socials de Poble Sec, en el districte de Sants-Montjuïc / ACN