La Diputació de Barcelona ha decidido emprender nuevas medidas para luchar contra la pobreza energética, considerada como una de las emergencias sociales más graves de este país. Esta iniciativa parte de una demanda de los municipios, que ven cómo los servicios sociales reciben cada vez más demandas en este ámbito. Se calcula que de un 8 a un 9% de los hogares de la demarcación de Barcelona están en peligro de pobreza energética: el problema es alarmante y se agrava cuando se acerca el invierno. La diputada de Bienestar Social, Maite Fandos, y el jefe de los Servicios Sociales de la Diputació, Francesc Hernández, han presentado un programa de actuación en este ámbito, que contempla mejorar la eficacia energética de los hogares afectados, fomentar unos hábitos de consumo más ecológicos e informar a las familias vulnerables de las posibilidades de ajustar sus tarifas.

"Medidas preventivas"

El programa se presenta como una iniciativa complementaria a la cesión de fondo a los Ayuntamientos para el pago de facturas de las familias vulnerables (una práctica que se mantendrá). Parte de un estudio realizado recientemente por la Diputació, La pobresa energètica a la demarcació de Barcelona, que ha detectado que los hogares que piden ayudas para la pobreza energética piden en varias ocasiones. Un estudio que no puede ser completo, porque no hay datos completos y fehacientes sobre este tema. Maite Fandos apunta que sería mejor intentar evitar que estas familias lleguen a una situación de impago en vez de que tengan que recurrir de forma sistemática a los servicios sociales. Presenta este programa, pues, como una forma "de empoderar a la gente".

Ajustar la facturación

Una de las estrategias de la primera fase de este programa, que se alargará durante un curso, es formar a los técnicos de servicios sociales municipales, que son los que atienden directamente a la gente que está en situación de pobreza, sobre tarifas y relaciones con las compañías. Se les informará sobre las posibilidades que tiene la gente de acogerse a tarifas reducidas (por ejemplo, con la discriminación horaria o con el ajuste de la potencia contratada). También se quiere potenciar el uso del bono social, un derecho que tienen los pensionistas, las familias numerosas y los parados a una reducción del 25% en la factura eléctrica (sea cuál sea su nivel económico). El estudio de la Diputació ha detectado que el 80% de las personas en situación de pobreza energética que tienen derecho a este bono no lo han pedido, por desconocimiento, o por las dificultades administrativas que implica pedirlo. A partir de ahora los técnicos de servicios sociales también ayudarán a cursar las solicitudes a aquellos que tengan derecho a acceder.

Fomentar el ahorro

A la población en situación de pobreza energética también se le recomendará cambiar los hábitos de consumo, con el fin de reducir la factura energética. Para ello se han preparado unos folletos que repartirán los técnicos de servicios sociales. Las recomendaciones van desde poner esteras si se tienen suelos de baldosa, hasta no abrir a menudo la nevera, pasando por abrir las cortinas y las persianas durante las horas de sol y cerrarlas cuando oscurece. Incluyen consejos sobre el uso de la cocina, la nevera, los radiadores, el aislamiento del hogar... Medidas que, en realidad, tendrían que ser comunes a todos los ciudadanos y que forman parte de los hábitos de consumo que permiten una mejora del planeta. No hay ningún estudio que documente que los hogares en riesgo de pobreza energética tengan unos hábitos de consumo peores que el resto de hogares.

Auditorios e intervenciones

La Diputació es consciente de que muchas veces el ahorro energético en los hogares en peligro de pobreza energética es complicado, porque las casas no están adaptadas a las necesidades y porque los inquilinos no tienen recursos para invertir en la mejora de la vivienda. Hay muchas casas pobres con humedad, filtraciones o con electrodomésticos y bombillas con un alto consumo. Por eso, tras lanzar un programa piloto en Vilanova i la Geltrú y en Osona, la Diputació ha decidido poner en marcha un programa de auditoría e intervención de 4.000 hogares en 212 municipios que se han sumado al plan. Se trataría de enviar inspectores a los hogares escogidos por los servicios municipales y facilitar, de forma gratuita, mediante un servicio profesional contratado, una mejora de la eficiencia energética, con la instalación de bombillas de bajo consumo, aislantes, cocinas más eficientes...

Medidas limitadas

Según la Diputación, la reducción del consumo energético puede facilitar un descenso del gasto energético de 103 euros anuales por hogar, por término medio (frente a los 362 € por término medio que se puede conseguir ahorrar con la asesoría tarifaria). Es decir, sólo afectaría a un pequeño porcentaje de la factura energética de los hogares afectados. Por otra parte, hay un problema con la aplicación de las medidas de adecuación: la mayor parte de los afectados por la pobreza energética viven de alquiler. Por lo tanto, en función de las actuales leyes de alquiler, probablemente pasen menos de tres años en la vivienda que se reformará. Las mejoras, pues, que se prevén básicamente a medio plazo, no beneficiarán a los más necesitados sino a los propietarios de los hogares. La inversión prevista en la primera fase de este programa será de un millón de euros, y se calcula que el primer año generará un ahorro de 1,2 millones de euros en los hogares intervenidos, aunque se prevé que en los años siguientes el ahorro se mantendrá.

Debate sobre la deuda generada

Desde la ley 24/2015 las compañías no pueden cortar los suministros a los hogares necesitados. Gracias a esta ley, en 2015 se pararon 32.000 cortes de suministros. Pero la ley no deja claro quién asume la deuda generada por estos hogares. Las compañías suministradoras y las instituciones están en plena polémica sobre este aspecto: mientras las instituciones apuestan para que sean las compañías las que asuman esta facturación, estas reclaman que sea pagada por las instituciones. La Diputació de Barcelona denuncia que muchas compañías, especialmente las de gas y electricidad, se niegan a colaborar con las administraciones para resolver los problemas derivados de la pobreza energética.

El butano, tema pendiente

La ley de pobreza energética no garantiza los suministros na aquellos hogares que utilizan gas butano. El Síndic de Greuges ya exigió que las instituciones tenían que negociar un precio social para el butano con las compañías suministradoras, pero esto no se ha realizado. Es más: en muchas zonas se está pagando la bombona de butano un precio muy superior al legal. Maite Fandos ha apuntado que, dentro de las medidas que promueve la Diputació, también se incluye el cambio de gas butano a gas natural en los hogares donde sea posible, tanto por motivos de ahorro como por motivos de seguridad.