El próximo 12 de enero entra en vigor la reforma del Código Penal, acordada entre el Gobierno, Podemos y ERC- con la desaparición del delito de sedición, la rebaja de las penas del delito de malversación y la aplicación de un tipo agravado del delito de desórdenes públicos, sin que se espere ninguna mejora para activistas anónimos encausados. Este es el caso de dos integrantes del movimiento de la vivienda, a quienes la Fiscalía pide seis años de prisión en cada a uno por haber participado en la defensa de un bloque ocupado de la calle Olzinelles de Sants, en el 2020. La Audiencia de Barcelona ha programado su juicio para el próximo 24 de enero, y su abogada, Norma Pedemonte, sostiene que defenderá su absolución, aunque la reforma no permite tocar el delito de atentado contra la autoridad. Precisamente, una cuarentena de entidades catalanas denunció, el noviembre pasado, el "retroceso" que implicaba la reforma del Código Penal.
La formación Alerta Solidaria, que lleva la defensa de bastantes procesados, ha insistido en denunciar que la desjudicialización, defendida por el Govern de Pere Aragonès: "No la vemos por ningún sitio" y se muestra expectante de cómo se aplicará la modificación del delito de desórdenes públicos en nuevas protestas y manifestaciones. La reforma penal solo puede aplicarse si es un beneficio para la persona procesada, y en este caso no hay ningún supuesto. Antes del juicio de la calle Olzinelles, Alerta Solidaria recuerda que el 11 de enero un juzgado de lo penal de Terrassa juzgará a una decena de feministas por la huelga del 8-M del 2019, con la campaña 8 mil Motivos. Y en marzo hay varios juicios a feministas del País Valencià.
Lanzamiento de una puerta y una botella
En el caso del desahucio de un bloque ocupado en Sants, la fiscal expone en el escrito de acusación que la noche del 22 de febrero de 2020 un grupo de ciudadanos se puso ante el número 105 de la calle Olzinelles para evitar su desalojo. A las diez y media de la noche llegaron dotaciones policiales de los Mossos de Esquadra, y sostiene que los concentrados y los dos acusados "obstaculizaron la acción policial" y para "alterar la convivencia" profirieron gritos y tiraron vallas y una mesa contra los furgones policiales sin provocar daños. Cuándo salían los agentes antidisturbios, uno de los acusados con otra persona no identificada intentó tirar una puerta a dos policías y lo impidió uno tercer agente, según la fiscal. Del segundo acusado, indica que "al menos tiró una botella de vidrio" a un agente. El relato de los hechos acusatorios solo ocupa una página, sin grandes detalles. Y no hay ningún policía lesionado ni se reclama a los dos procesados que los indemnice, cómo es habitual. Por todo eso, les pide dos años de prisión por el delito de desórdenes públicos y cuatro años de prisión por el delito de atentado contra la autoridad. En este caso, les pide la pena más alta porque se indica que usaron objetos peligrosos en la acción violenta.
Campaña de apoyo
Los dos vecinos tienen un grupo de apoyo @OlzinellesAbsolució y en Twitter informan de que participaron en una acción del Grupo Vivienda de Sants y de la Escuela Popular de Sants, además de detallar las iniciativas impulsadas para solidarizarse con ellos.
En la imagen principal, integrantes de entidades sociales e independentistas, en la presentación del manifiesto crítico con la reforma del Código Penal, delante del TSJC, el noviembre pasado. / Foto: Montse Giralt