La tragedia o masacre de Melilla cumple dos años. El 24 de junio de 2022 unas 2.000 personas intentaron saltar la valla de la ciudad autónoma española por el paso del Barrio Chino, que hace frontera con la ciudad marroquí de Nador. La mayoría de estos inmigrantes irregulares eran de origen sudanés y se estima que, tras la intervención de las fuerzas policiales a ambos lados de la frontera, hubo 37 muertos y el número de desaparecidos supera los 70. Ahora, tras las investigaciones y conclusiones de los documentos oficiales del suceso, ha salido a la luz un informe elaborado por tres organizaciones internacionales que aseguran que el salto se produjo por una "trampa" tendida por las autoridades marroquíes. A todo ello se le ha de sumar la gestión migratoria del Ejecutivo español, donde los datos hablan por sí solos y la problemática en Melilla persiste, mientras se desplaza y agudiza en Ceuta y las Islas Canarias.
La "trampa" de Marruecos que horrorizó a Europa
Cabe recordar que en 2022, unos meses antes de la tragedia del 24 de junio en el paso fronterizo del Barrio Chino, más de 2.000 personas de origen subsahariano intentaron cruzar la valla de Melilla, de las cuales 491 lo lograron y se dirigieron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). En esta ocasión no hubo víctimas mortales, aunque sí agudizó la crisis migratoria a raíz de las también tensionadas relaciones diplomáticas entre el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, y el de Marruecos, encabezado por Aziz Ajanuch. La masacre en la ciudad autónoma, en territorio aparentemente neutro entre los dos países, hizo abrir varias investigaciones sobre las muertes y las actuaciones de la policía marroquí y de la Guardia Civil. La Fiscalía las archivó el 23 de diciembre de 2022, exonerando así a Interior, el Instituto Armado y todos los agentes, a la vez que afirmaba que "los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroquí" y que el "amontonamiento de personas se produjo entre ambos recintos fronterizos". También se aseguró que la actuación policial fue proporcionada y oportuna, algo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió en el Congreso antes de ser reprobado por la cámara baja por su gestión de la crisis mortal.
Pero ahora, un informe elaborado por Border Forensics, el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Iridia y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) contradice las conclusiones de la mayoría de documentos oficiales: la tragedia en la frontera hispanomarroquí se produjo como consecuencia de una "trampa" tendida por las autoridades marroquíes a los inmigrantes que esperaban para poder cruzar a España. "La masacre del 24 de junio de 2022 fue una emboscada", aseveran, una vez que desde Marruecos se propiciara el cruce de casi 2.500 personas que ya había "planeado con antelación la estrategia represiva" y que habían desplegado en los campamentos de inmigrantes a informantes infiltrados.
Los datos recabados por los autores "sugieren un cierto grado de preparación, e incluso de premeditación, de la represión ejercida contra las personas migrantes por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes antes del 24 de junio". Los propios supervivientes describen su llegada al patio del puesto fronterizo del Barrio Chino, bajo control operativo marroquí, donde se produjo la tragedia, como la entrada en una "trampa", señala el informe. Añaden que, en contra de la versión oficial de las autoridades españolas, que "las fuerzas españolas participaron en la violencia de forma directa, hiriendo a personas migrantes y tratándolas de forma inhumana y degradante". Esto supone una contradicción a la investigación archivada en diciembre de 2022 y las organizaciones internacionales, que han investigado el caso durante un año con el asesoramiento del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), remarcan que desde el lado español se contribuyó "a la violencia practicada por las fuerzas marroquíes, devolviendo en caliente indiscriminadamente a muchas personas migrantes". Este medio se ha intentado poner en contacto con la Ciudad Autónoma de Melilla en varias ocasiones para analizar esta nueva información, sin obtener respuesta.
El incidente previo en Ceuta e indignación en la ciudad autónoma
El incidente fronterizo entre España y Marruecos de 2021 es un caso de estudio previo y de cómo el país magrebí, consciente o inconscientemente, presiona a Madrid con la inmigración descontrolada en las ciudades autónomas españolas que considera como territorios ocupados. La noche del domingo 16 de mayo de 2021, las fuerzas fronterizas marroquíes, según los rumores de entonces, relajaron el control y permitieron el paso. Los dos días siguientes entraron en Ceuta más de 8.000 inmigrantes ilegales, de los que aproximadamente 1.500 eran menores de edad, la mayoría de ellos nadando. Sánchez anunció que los llegados de forma irregular serían "devueltos inmediatamente", tal y como se especifica en el acuerdo bilateral entre ambos Estados. También se desplegó al ejército para vigilar y gestionar las devoluciones en caliente, algo muy criticado por las organizaciones a favor de los derechos humanos.
Tres años después de este cruce masivo, que fue la alerta previa a la tragedia de Melilla, se realizó el pasado 11 de junio la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Madrid. A esta especie de cumbre acudió el consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán, con la esperanza de poder distribuir por todo el Estado a los menores no acompañados llegados ilegalmente a la ciudad autónoma. La mayoría de comunidades autónomas no aceptó la propuesta de derivación a la península, a pesar "de la situación de emergencia migratoria que se vive en la ciudad desde principios de año", aseveró el Ejecutivo ceutí ese mismo martes. Lo único que lograron es una financiación extraordinaria para gestionar la inmigración irregular de 4,5 millones de euros para cada ciudad autónoma y de 6 millones para Canarias. Una cantidad idéntica a la aportada en 2023.
La inmigración irregular silenciosa: sin saltos pero desatada
La tragedia de Melilla o de Nador del 24 de junio de 2022, sumado al citado incidente fronterizo en Ceuta por el traslado del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a un hospital de La Rioja (antes de que el Gobierno apoyara la autonomía marroquí y anexión de iure de todo el Sáhara Occidental), han sido episodios que han impactado en la sociedad europea. Las muertes de hace dos años y los saltos desbordados de 2021, y otros que se han sucedido después, han inundado las pantallas de los dispositivos y han generado una imagen de descontrol durante los últimos años. No solo porque muestra el fotograma de la gestión migratoria, sino también por la crudeza de los vídeos y fotografías con miles de personas intentando entrar en Europa.
Pese a ello, las cifras de entradas irregulares por vía terrestre en las ciudades autónomas son similares en 2024 y 2022, tanto antes como después de los incidentes. Según los datos del Ministerio del Interior, desde el 1 de enero al 15 de junio de 2024 llegaron 1.123 migrantes y en el mismo periodo de 2022 1.402, que alcanza los 1.606 tras el asalto de la valla de Melilla de junio. Es decir, la presión por tierra sigue vigente, pero lo alarmante es el crecimiento marítimo que comporta, además, mayores riesgos y peligros mortales para todos aquellos que emprenden el viaje para intentar entrar en Europa.
Las cifras totales en el mismo periodo del 1 de enero al 15 de junio, tanto por vía terrestre como marítima, muestran que la inmigración irregular prácticamente se ha duplicado en tan solo dos años. Mientras en 2022 entraron por mar y tierra 13.561 personas ilegalmente, en lo que va de este año 2024 ya lo han hecho 24.160, según los últimos datos acumulados de Interior. Esto implica que el foco de la presión migratoria que, en parte, se ha encomendado a Marruecos controlar basándonos en las colaboraciones firmadas con el Estado español y el resto de la Unión Europea, se ha trasladado al mar. Concretamente, al Atlántico, a las Islas Canarias y con salidas de embarcaciones que en muchas ocasiones proceden de la zona del Sahel, poniendo en riesgo la vida de miles de personas, utilizadas normalmente por mafias, que intentan llegar a Europa por esta peligrosa ruta migratoria. De hecho, el jueves pasado las autoridades de Marruecos interceptaron una embarcación de más de 90 migrantes subsaharianos que iban hacia Canarias.
Operación Paso del Estrecho y apoyo económico a Marruecos
Este salto masivo con imágenes que recorrieron medio mundo se produjo durante los primeros días de la Operación Paso del Estrecho de 2022. Como cada año, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, se produce un cruce de fronteras entre España y Marruecos, principalmente a través de los puertos de Andalucía, pero también en gran medida por Ceuta y Melilla. Durante esta campaña, además, el Ministerio del Interior cuenta con el refuerzo de Frontex, que estuvo a punto de peligrar este año por una supuesta mala gestión del Ejecutivo español que quería controlar toda la información relativa a la inmigración. Finalmente, llegó la solución y se acordaron planes para la Operación Conjunta Indalo, Minerva y Canarias. De hecho, según apunta Frontex a ElNacional.cat, han desplegado 282 agentes, aviones y otros equipos especializados en calidad de apoyo estratégico en los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta.
Frontex, como guardia de fronteras y costas de la Unión Europea, ha asegurado a este medio que, aunque apoya a España en el control de vehículos, personas y pasaportes, no tiene ninguna actividad conjunta con Marruecos o Argelia. El Reino de Marruecos, por otro lado, recibe grandes sumas de dinero de España y de la UE para gestionar la inmigración irregular, no solo entre sus nacionales, sino especialmente con aquellos migrantes procedentes del Sahel. La UE destinó entre 2015 y 2021 un total de 234 millones de euros al país magrebí en el área de migraciones, mientras que en 2023 se firmó en Rabat un nuevo acuerdo por 152 millones de euros para la administración de las fronteras marroquíes, así como para la integración de inmigrantes y refugiados. Pese a ello, y tras dos años de la tragedia de Melilla, la presión ha crecido en el Estrecho y en Canarias, con cifras que, como ha podido confirmar ElNacional.cat, no bajan de las 1.000 personas mensuales desde abril de 2023, teniendo en cuenta únicamente las detectadas en las islas españolas de la Macaronesia.