Isabel Hervás y Sílvia Aquiles son las primeres dos madres en Catalunya que un reciente estudio confirma que ha sufrido violencia institucional: la Administración de Justicia les "arrancó" sus hijos al asegurar que sufrían Síndrome de Alienación Parental (SAP) -es decir rechazo al padre por influencia de la madre-, patología falsa y proscrita, según la comunidad científica, Naciones Unidas y el mismo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La acción contra estas mujeres siguen los mismos pasos: denunciaron que sus hijos podrían ser víctimas de abusos sexuales por parte de los padres, y después de una inicial protección, el equipo de Familia de los juzgados de Barcelona (EATAF) les atribuía ser las instigadoras del falso SAP o tener preocupación mórbida y los juzgados les sacó la tutela de los hijos. El Tribunal Supremo, en una sentencia de 2016, ya puso en duda este síndrome, "causas y consecuencias". Ahora las dos madres reclaman a los tribunales que les devuelvan la custodia de sus hijos para reparar esta violencia institucional sufrida, desde hace unos ocho años; insisten en que lo principal es el bienestar de sus hijos, que se les escuche, y que la reparación se amplíe a otras afectadas por el falso SAP. Son madres protectoras. Nada más.
Además, Sílvia Aquiles tiene que afrontar el próximo 11 de abril un juicio, donde la Fiscalía le pide 2 años de prisión porque -asegura- no entregó a su hija de 7 años y el hijo de 5 años en el juzgado. Una magistrada de Familia acordó en febrero de 2020, de forma excepcional, separar a los dos hermanos: retiró la patria potestad de la niña a la madre y el padre y la derivó a un centro de la DGAI, porque no quería estar con el padre, y el hijo, con el progenitor. La defensa de la madre aclara que no estuvo 15 días sin entregar a los niños, sino que se marchó unos días a Girona para recuperarse de una gastroenteritis (tiene justificante medico), y que su abogada estaba enferma y no le pudo comunicar el requerimiento judicial, y cuando lo hizo, al día siguiente mismo llevó a los niños al juzgado y "con el corazón roto" los entregó. Por eso, su defensa sostiene que no ha cometido ningún hecho delictivo. Además, recuerda que la magistrada de Familia celebró el juicio por el cambio de custodia sin representación letrada para Silvia -porque no lo quiso suspender, todo y pedirle porque su abogada estaba enferma-, mientras el padre tenía dos procedimientos penales abiertos por supuestos abusos sexuales al niño.
Catalunya, pionera al definir violencia institucional
Los casos de Isabel Hervás y Silvia Aquilez forman parte de los 47 procedimientos investigados, en el estudio Violencia institucional contra las madres y la infancia. Aplicación del falso síndrome de alienación parental en España, que dos de sus autoras presentaron el pasado lunes en el congreso Justicia Feminista y Libertad Sexual , en el CEJFE en Barcelona. Las autoras de la investigación afirman que "el objetivo general" ha sido "conocer las características y "el alcance de la aplicación del falso SAP y la violencia institucional" en el Estado español en el contexto de procesos judiciales por violencia machista y violencia de género a niños, niñas y adolescente. Han examinado 40 sentencias del ámbito civil y 63 del ámbito penal del 2020 y 2021, y se han realizado entrevistas a 37 madres que denunciaron que sus hijos (42) podrían ser víctimas de violencia sexual.
En el estudio, se reproduce normativa internacional sobre la protección de los niños, y se recuerda que Naciones Unidas ha llamado la atención en el Estado español hasta 5 ocasiones para no proteger a los niños. Además, precisan que Castilla -La Mancha, en la ley 4/2018, por una sociedad libre de violencia de género, y Catalunya, en la ley 17/2020, de modificación de la ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, ya han señalado expresamente que "la aplicación del falso SAP y conceptos análogos constituye violencia institucional", y precisa que Catalunya, además es la primera que incorpora la violencia institucional como un ámbito de la violencia machista, así como la protección de los menores en la violencia vicaría.
El 40% casos de violencia sexual, archivados
De los resultados, se concluye que "hay un patrón de discriminación" por parte de la Administración de Justicia, y que no se criminaliza todos los juzgados de Família, pero que cuando hay una irregularidad "se genera mucho dolor". Destacan que en los 40 casos de violencia sexual en el ámbito familiar contra niños, niñas y adolescentes ejercida supuestamente por el padre se ha archivado, y la gran mayoría (86%) no han pasado de la fase de instrucción.
Madres castigadas, padres sin valoración
En el estudio, se indica que de la muestra estudiada, en un 78% de los casos el padre obtiene en algún momento del procedimiento judicial la custodia de los hijos e hijas (exclusivas o compartidas) "sin una valoración rigurosa del riesgo que el cambio de custodia puede suponer a los menores". Así, en un 65% de los casos la madre pierde la custodia en favor del padre, que pasa a tener la custodia exclusiva. Y la patria potestad se retira a la madre en un 20% de los casos. Las autoras del estudio muestran su "sorpresa" por la "severidad de las medidas judiciales dictadas" a raíz de las acusaciones que se hacen a las madres, a través de los informes de los servicios sociales y de Familia, como: "La madre dificulta el vínculo paternofilial" o "ha puesto denuncias por violencia sexual en el ámbito familiar poco fiables" o "las madres modifican su domicilio y las condiciones de escolarización de los niños".
Las investigadoras sostienen que los argumentos basados en "estereotipos y prejuicios y no en derecho" sobre la madre, "tejidas en el marco del falso SAP", son las que sustentan las "decisiones jurídicas conocidas como arrancamiento, que se ha producido en el 65% de los casos investigados." Y manifiestan: "Eso es la manera más extrema y violenta de aplicación del falso SAP, que los niños estén separados en contra de su voluntad de su progenitor de apego y ser entregados en el otro con quien ha manifestado que no quiere vivir allí". Esta realidad provoca que en un 65% de los casos, las madres pierdan la custodia de los hijos, "con una limitación maternofilial muy severa", y que en un 36% de los casos supone la pérdida de contacto con los hijos, en procesos judiciales largos que pueden llegar a los diez años. Las autoras concluyen: "La desprotección por parte de las instituciones, que en lugar de tomar medidas de no repetición de la violencia, la reproducen y aumenta el trauma vivido, ocasiona en madres, niños, niñas y adolescente, un grado severo de sufrimiento y dolor con daños a curso, medio y largo plazo."
El calvario de Isabel empieza en el 2013
Todos los estereotipos son los que ha vivido Isabel Hervás, fisioterapeuta de profesión. En el 2013 su hija de 3 años le expresó abusos sexuales del padre. Fue a la Fundación Vicky Bernadet, que la derivaron a la unidad especializada del Hospital de Sant Joan de Déu, y como no le daban cita hasta un mes y medio más tarde, lo planteó a su suegra y al marido, que la acusaron de hacerlo porque estaban en el proceso de separación. Ante la falta de solución lo denunció a los juzgados y consiguió una orden de alejamiento. Todo el procedimiento fue un calvario, e Isabel sostiene que tanto en Sant Joan de Déu como las especialistas del EATAF de Família la culparon. "Me trataron con prepotencia y una profesional de la Ufam ahora jubilada me dijo que levantaría la orden de protección, que qué manía teníamos las madres de separar a los hijos de los padres. La conclusión de su informe fue que tenía 'preocupación móbida materna con riesgo de ruptura de vínculos de filiación'.Yo solo quería que examinaran a mi hija", declara Hervás. Archivada la vía penal, el padre pudo tener un régimen de visitas y la custódia compartida. Cuando la niña tenía 7 años se volvió a abrir un procedimiento penal, ya que un informe público acreditó que tenia golpes en el culo. Sin embargo, la juez de Família no esperó la resolución penal y como la madre fue etiquetada con la preocupación mórbida y alienadora, el 2018 le retiró la custódia y la pátria potestad médica y psicolóigica de su hija. "Es un castigo y dejan totalmente desprotegida a la niña, y yo estoy etiquetada para toda la vida ", afirma. Actualmente, Isabel voz a su hija los miércoles, los fines de semana y los festivos.
El Instituto Català de la Dona (ICD) certificó en marzo de 2022 que Isabel ha sido víctima de violencia de género institucional e inició un proceso de reparación familiar, con el equipo multidisciplinar de la unidad AIDA, de la Fundación Concepció Juvanteny, con encuentros con la hija, y otros familiares, "para reparar el dolor acumulado y obtener herramientas y recursos". La conclusión del informe sostiene que Isabel "no tiene un perfil de manipulación, respeta las necesidades de su hija, y por lo tanto su diagnóstico es incompatible con la preocupación mórbida". Este informe y el estudio son pruebas clave que ahora la abogada de Isabel presentará para poder recuperar la tutela de su hija. En estos 10 años de procesos judiciales, Isabel también sostiene que ha sufrido violencia económica: se ha gastado más de 80.000 euros, y muchas respuestas machistas desde el centro escolar a los juzgados. "Ahora, no actuaría igual. Si sospechara que mi hija sufre abusos alertaría a todo el entorno familiar para vigilarlo, para prevenirlo", concluye Isabel.
El caso de Sílvia, extremo
Silvia Aquiles, administrativa, también cayó en la trampa judicial y social en el 2015, cuando su hija tenía 3 años y el niño, 4 meses. "Vivíamos como una familia normal, perfecto, acababa de tener el segundo hijo", recuerda. De repente, la hija le expresa que le hacen daño las partes íntimas, espera dos meses al "sentirse confundida", hasta que al final se marcha de casa, y cuando el marido no estaba "por miedo", fue a vivir con su madre. Hizo el mismo recorrido que Isabel: de la unidad de Sant Joan de Déu no le daban hora, además de tratarla "fatal" y lo denunció en el juzgado. Obtuvo la custodia exclusiva de los menores durante 5 años, hasta que en el 2020, la magistrada de Família cambió los términos: el menor fue a vivir padre, con quien no tenía relación; la niña casi un año en un centro de la DGAI porque no quería ir con él, y Silvia solo los puede ver por separado en un punto de encuentro. Un castigo. Antes, el 2018 Silvia alertó de que el menor tenía comportamientos preocupantes y podía ser víctima de abusos, una jueza sustituta de Família y la fiscal estuvieron de acuerdo en decretar la medida de separar a los dos hijos del padre, ante los informes de profesionales. "La misma fiscal que en el 2018 aseguró que el niño podía ser víctima de abusos, con la jueza titular, lo devolvió al padre", declara Silvia, que ha denunciado hasta cuatro jueces por prevaricación en sus resoluciones.
"Me he enfrentado al sistema y me han arrancado los niños y me ha aplicado la terapia de la amenaza", sostiene Silvia, que también denuncia que ha superado el tiempo que legalmente se fija en los puntos de encuentro y que se le está prorrogado de forma ilegal. El cambio de régimen le llegó con pleno confinamiento por la covid-19 y estuvo un año y medio sin ver a sus hijos, y ahora los ve de forma separada. "No quiero que se me escuche a mí, sino a mis hijos", concluye.
Isabel y Silvia con otras madres han creado la Plataforma Yo sí te creo , en Faceboock y en Twitter y quien quiera contactar con ellas o pedirles asesoramiento tienen el correo electrónico pataformayositecreo@gmail.com
Acciones de la Fiscalía
Ante la realidad de estas dos madres y otros casos, las investigadoras proponen que se elabore una estrategia de prevención y reparación integral de situaciones de violencia institucional por aplicación de falso SAP. Detallan, que siguiendo los estándares de derechos humanos, esta estrategia tiene que promover, con debida diligencia, la investigación, sanción, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de esta forma de violencia institucional.
Además, se reclama que la Fiscalía, que tiene el encargo de la tutela de los derechos de los menores, revise todos los casos en los que se ha aplicado el falso SAP o figuras similares e inicie las actuaciones que correspondan para reparar integralmente a las víctimas. Precisamente, en el estudio se reproducen las manifestaciones que hizo la fiscal de sala delegada de violencia contra las mujeres, Teresa Peramato, en el Encuentro Internacional Feminista en febrero de 2022,que aseguraba: "El Síndrome de Alienación Parental no existe, es un invento y tiene supuestos falsos: el niño miente, la madre es mala y el padre bueno" y que assegurava que se dictaria una orden para que los fiscales "tienen que impugnar" todos los informes que incluyan el falso SAP, así como "escuchar al menor" porque "los expertos nos advierten que el rechazo de los hijos al padre no es a una manipulación del menor".
En la imagen principal, Silvia Aquiles e Isabel Hervás, esta semana en Barcelona. / Foto: Montse Giralt