La inmersión lingüística tiene fugas y el Govern no ha optado por el momento por la vía sancionadora. El Departament d'Educació de la Generalitat no ha abierto ningún expediente a docentes en los últimos tres años para no dar clase en catalán, tal como muestran los datos de la conselleria que ha avanzado este jueves RAC1. En Inspecció de Serveis de Educació no consta ningún expediente para incumplir la norma del catalán en la escuela —que no aplica a las asignaturas de castellano o lenguas extranjeras como clase de inglés o francés—.

La ausencia de expedientes contrasta con el hecho de que tan solo el 47% de los profesores de secundaria en Catalunya hablan siempre en catalán en clase, de acuerdo con un informe presentado por los departamentos de Educació y Cultura de la Generalitat en 2021. El resto lo hacen "a menudo", "pocas veces" o "casi nunca". El mismo informe de la administración catalana, elaborado a partir de un cuestionario sobre usos de la lengua a una cincuentena de institutos, señala también que un 3% de los docentes no hablan nunca en catalán. La tendencia, además, parece a la baja: el mismo informe elaborado en 2006 señalaba que el 64% de los docentes siempre utilizaban el catalán, por lo que ha habido una caída de 17 puntos en 15 años.

"Constatamos un uso infrecuente del catalán en las interacciones orales del alumnado, una tendencia por parte de los profesores al cambio de lengua y que esta situación también pasa en los tiempos no lectivos: comedores, actividades extraescolares y patios", dijo Gonzàlez-Cambray, después sustituido como conseller por Anna Simó, en la presentación del informe en 2021. El Govern atribuyó entonces esta tendencia a que los actuales modelos educativos espolean las actividades de interrelación entre alumnos y el docente interviene menos en clase, por lo que se diluye la figura del profesor como referente lingüístico.

El mencionado informe llegó acompañado de un plan estratégico de los departamentos implicados en su elaboración, entonces encabezados por Natàlia Garriga y Josep Gonzàlez-Cambray, con el objetivo de dar un paso adelante en las políticas lingüísticas y revertir la pérdida de uso de la lengua catalana en los centros educativos. Cada centro ha tenido que hacer un informe lingüístico y se prometió promover grupos de profesores y equipos directivos en cada centro dedicados a establecer objetivos de mejorar y proponer ideas para el proyecto lingüístico.

Todo también coincide con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que han instado a varias escuelas a hacer un 25% de la docencia en castellano, a raíz de la denuncia de familiares contrarios a la inmersión lingüística. En respuesta, el Govern del president Pere Aragonès aprobó un decreto para blindar el catalán en la escuela, que entró en vigor en el 2022 y que se empezó a aplicar a partir del curso siguiente. Este estableció que no se podían aplicar porcentajes de uso de lenguas a la enseñanza. Aragonès afirmó que se había dado orden a Inspección para vigilar de cerca los proyectos lingüísticos de cada centro para asegurar el cumplimiento del catalán en la escuela. "Si la clase de matemáticas se tiene que dar en catalán, hay que garantizar que se haga en catalán", dijo el presidente en una comparecencia en diciembre de 2021.

La ausencia de expedientes sancionadores no ha sorprendido a la portavoz del sindicato mayoritario USTEC, Iolanda Segura, que en declaraciones en la citada radio catalana ha afirmado que "no se ha aplicado esta medida y se ha hecho un seguimiento de lo que pasa en las aulas en materia lingüística". "Abrir expedientes por faltas de asistencia está aceptado, pero que se abran para no utilizar la lengua parece que sea un pecado", ha añadido Segura, en referencia al hecho que sí que se han abierto 130 expedientes por malas praxis.