Un recurso de la Abogacía del Estado ha frenado la adquisición de armas que preveía el nuevo reglamento para reforzar la seguridad del cuerpo de Agents Rurals que el Govern aprobó el 26 de noviembre del 2019. El aviso de recurso se produjo en febrero, según han explicado fuentes de los Agents Rurals a la ACN, y este hecho detuvo la adquisición de armas de fuego, defensas extensibles y del resto de materiales que preveía el reglamento. El cuerpo todavía no tiene constancia de la presentación del recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Hay dos recursos más presentados por sindicatos. Mientras tanto, los agentes rurales utilizan las armas adquiridas antes de la aprobación de este reglamento.
El director general de los Agents Rurals, Marc Costa, con el inspector jefe, Toni Mur - Carles Palacio
Los sindicatos, en contradicción
El recurso presentado por IAC-Catac al reglamento tiene que ver con la ausencia de estudios previos y con las reticencias de este sindicato al uso de las armas. Héctor Mahamud ha explicado a la ACN que defienden la creación de un grupo armado dentro del cuerpo porque están en contra que todos los agentes tengan que llevar armas. "Creemos que generan más inseguridad que seguridad, es imposible que nos den a todos la formación necesaria, la mayoría de compañeros no quieren llevar armas", ha explicado. Ha añadido que hay un tercer recurso, en este caso de la UGT.
El Govern aprobó el 26 de noviembre del 2019 el reglamento de armas para reforzar la seguridad del cuerpo de Agents Rurals que desplegaba el reglamento previsto en la ley del cuerpo de Agents Rurals del 2003. La normativa regulaba los requisitos para poder utilizarlas, la formación, las condiciones y las medidas de seguridad. Previamente ya se habían adoptado otras medidas de protección, como la adquisición de chalecos antibalas, la formación específica en técnicas de seguridad, nuevos procedimientos de trabajo y convenios de colaboración con otros cuerpos policiales.
Aspa
El asesinato de dos agentes rurales en Aspa en 2017 a manos de un cazador abrió el debate sobre si el cuerpo tenía que llevar armas. La normativa de 1988 establecía específicamente que los Agents Rurals eran un cuerpo armado.
La ley del 2003 estableció después el uso de armamento sólo en aquellas actuaciones que lo requirieran, y también que se tenía que determinar reglamentariamente cuál tenía que ser este armamento.