La Fiscalía pide siete años de prisión para cuatro jóvenes del Bages que participaron en una cacerolada de protesta delante el cuartel de la Guardia Civil de Manresa, según informa la ACN. Los hechos tuvieron lugar el 16 de octubre de 2019 y se enmarcan las Marxes per la Llibertat que se organizaron como respuesta a la sentencia del procés.
Los cuatro jóvenes son acusados de un delito de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, y daños y lesiones a 12 agentes de los Mossos d'Esquadra. La fiscalía también pide multas e indemnizaciones y alega que los jóvenes actuaron premeditadamente y de manera "violenta y agresiva".
Por su parte, los jóvenes niegan su participación en los hechos que se les acusa. La defensa de los acusados subraya que no hay ninguna imagen que les identifique, solo al testimonio de algunos agentes.
También hay un quinto acusado por los mismos hechos que es menor de edad. En su caso la Fiscalía pide las mismas indemnizaciones para los agentes, y 100 horas de servicio a la comunidad que, si no se aceptan, se sustituirían po 18 meses de libertad vigilada.
Acusación de la Generalitat
En este caso, la Generalitat también ejerce de parte acusadora, pero pide penas de prisión inferiores las que pide el Fiscal, de dos años y tres meses. La participación de la Generalitat en esta acusación revive las recientes protestas del caso de Marcel Vivet. La polémica sobre la acusación en el caso de Vivet vino porque la Generalitat decidió mantener sus cargos aunque en noviembre el entonces conseller de Interior, Miquel Sàmper, había anunciado que ultimaba un acuerdo para que la administración catalana dejara de ejercer la acusación por delitos de atentado contra la autoridad contra los detenidos en manifestaciones violentas, un compromiso que todavía no se ha concretado.
La sentencia de Vivet ha hecho que la tensión entre los grupos independentistas en el parlamento aumentas. La CUP ha pedido en ERC y el Gobierno que se retire de todas las acusaciones contra manifestantes del movimiento. La Conselleria de Interior revisará los criterios de acusación y se prevén gestos en el caso de Vivet.