El Ayuntamiento de Barcelona emitió el 1 de abril un informe sobre las vulnerabilidades del joven que esta mañana ha sido desahuciado de un piso del Poble-Sec. El mismo mes se entregó el informe al juzgado de primera instancia para evitar el desahucio.
El informe de vulnerabilidad y exclusión residencial, al cual ha tenido acceso parcialmente ElNacional.cat, y que realizaron los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, perseguía parar el desahucio de acuerdo con la ley catalana que prevé el paro del lanzamiento por impago del alquiler o la hipoteca.
El informe, que hoy Miquel Sàmper, exconseller de Interior, ha negado que tuvieran los Mossos d'Esquadra, se entregó el mismo mes de abril al juez. Hoy los Mossos d'Esquadra se han presentado en el inmueble y han hecho el desahucio utilizando la fuerza de la Brimo, que desde primera hora ha tomado posiciones ante la mirada escrutadora de los diputados de la CUP. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho a El Matí de Catalunya Ràdio, que ha sido el mismo juez quien había ordenado la intervención de los antidisturbios en el desahucio. Pero Miquel Sàmper no ha dicho lo mismo, al contrario. Ha explicado que la decisión de enviar a la Brigada Móvil había sido suya: "La actuación de los Mossos en el desahucio del Bloc Llavors es responsabilidad mía. Hemos enviado a los antidisturbios porque había mucha gente concentrada que impedía la llegada de la comitiva judicial". Sin embargo ha remarcado que los desahucios no son una elección de los Mossos, sino que "es un juez quien lo ordena".
El informe denegado
A pesar de haber informe de Servicios Sociales emitido desde hace más de un mes, no ha servido para detener el lanzamiento. El informe se registró el mes pasado y tiene una vigencia de seis meses, pero el juzgado desestimó las vulnerabilidades y también interrumpir el desahucio que se ha hecho este martes por la mañana, según han informado fuentes judiciales en El Nacional.
Según el juez, el caso no es equiparable a lo que prevé la ley por impagos y no se adapta a los criterios para parar el desahucio. El escrito judicial que deniega el informe de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, expone, según fuentes judiciales, que el ocupante de la vivienda tiene 28 años, que cuenta con familiares que lo pueden ayudar a mantenerse y le pueden dar apoyo y favorecer una vivienda para vivir.
La resolución judicial añade que el desahuciado no tiene problemas de salud ni nadie a su cargo, y subraya que no se trata de un desahucio por impago sino por una ocupación.