Los dos principales acusados de la red de pornografía infantil destapada en 2015 en Tortosa se han sentado en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Tarragona, donde este martes ha empezado el juicio de una trama de la cual ya hay cuatro miembros en la prisión. Jean Luc Aschbacher, considerado el líder, ha sido el primero en declarar, mientras el otro procesado, su colaborador, lo hará el último día.
El cerebro de la red ha reconocido los hechos, pero ha diferenciado entre el material que distribuía para adultos y lo que hacía para su uso privado, con chicos de menos de 14 años y con su consentimiento, factor que, para la DGAIA, que destapó el caso, no se tendría ni que sopesar en un caso de abusos sexuales a menores. Se identificaron más de 100 víctimas.
Los dos hombres fueron detenidos en Francia el mes de mayo pasado, después de haber huido en noviembre del 2019. En aquel momento, se juzgaba la red que presuntamente lideraban y se condenó a penas de entre 7,5 años y 57,5 años de prisión a cuatro de los miembros de la red destapada en 2015.
En la sesión de este martes se han hecho las cuestiones previas y se ha pedido la nulidad de algunas pruebas. El magistrado ha suspendido las sesiones previstas para esta semana, y el juicio se reanudará el martes que viene.
El caso
En la operación conjunta entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil se detuvieron siete personas que formaban parte de la red acusada de forzar en quince años a unos 80 menores para producir vídeos y fotografías de pornografía infantil y distribuir más de un millón de archivos a todo el mundo. Entre los detenidos figura el supuesto líder del grupo, acusado también de ocho abusos sexuales a menores de trece años y que en sólo tres años ganó más de 80.000 euros distribuyendo, previo pago, archivos pedófilos a través de internet y por vía postal.
Siete de las víctimas de la red de pedofilia internacional con base en Tortosa estaban tuteladas por el sistema de protección a la infancia. De estas, cinco fueron captadas por la organización criminal cuando estaban bajo tutela y las otras dos habían entrado en contacto antes de que la DGAIA se hiciera cargo de ellas.
Los acusados registraron, entre el 2000 y el 2015, miles de vídeos con menores. La red pedófila se aprovechaba de chicos que estaban en situaciones de precariedad o pasaban por problemas y les pagaban entre 10 y 20 euros según el acto sexual que accedían a practicar.