El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido reducir la aplicación de contenciones mecánicas en los centros de personas privadas de libertad, y que sean "la última ratio" o alternativa. Las medidas de contención mecánica son aquellas donde se utilizan dispositivos técnicos, tanto mobiliario como textil, con la finalidad preventiva para evitar acciones donde una persona se haga daño a ella misma o a los otros. Para Ribó, llegados a situaciones que lo requieran, se tendrían que realizar con la ayuda de equipos multidisciplinares con capacidad de resolver conflictos antes de aplicar la técnica, y con los medios y formación adecuada.

Ribó lo ha dicho en una rueda de prensa para presentar el informe anual del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura en el Parlament al lado del adjunto general, Jaume Saura. Los dos han entregado el informe este martes por la mañana a la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs.

En caso de que la contención se tenga que aplicar a niños, el Síndic ha defendido que la contención mecánica sólo se tendría que aplicar con criterio médico y con la supervisión de profesionales del ámbito de la salud.

 

Este reclamo llega días después de que una quincena de organizaciones defensoras de los derechos humanos firmaran un manifiesto conjunto para pedir al Govern que pare la modificación del protocolo sobre contención de reclusos. El departamento de Justicia anunció que revisaría el texto actual -que prioriza medidas alternativas a la inmovilización física del preso- porque, según su criterio, se ha demostrado que no es efectivo. Las entidades ven la modificación del protocolo como un "intento regresivo en materia de derechos humanos", mientras que la Conselleria reitera que tiene como objetivo "tender a la contención cero" para alcanzar las "máximas garantías" para los internos y los profesionales.

Arran de esta demanda, encabezada por entidades como Irídia, Alerta Solidària y Justicia i Pau, el Síndic ha pedido hoy que la realización del informe por parte de la Conselleria Justicia se desarrolle de forma transparente y con la participación de todos los interlocutores relevantes antes de realizar cualquier cambio.

Seguir con las videoconferencias

En la misma comparecencia Prevención de la Tortura ha pedido que se puedan seguir haciendo de forma telemática las comunicaciones de los presos con sus familias y amigos como se ha hecho durante la pandemia, una medida que ha sido bien valorada por los internos. En febrero de 2021 se reprendieron las visitas presenciales a centros, pero desde entonces todavía no se han desarrollado con normalidad.

El Síndico también ha valorado positivamente la adaptabilidad a las nuevas situaciones por parte de las direcciones y los equipos de profesionales. Ha recomendado, sin embargo, mantener y mejorar las comunicaciones telemáticas de manera que todos los centros dispongan de espacios adecuados y de cobertura suficiente para continuar la experiencia de las comunicaciones vía videollamada.

Encuesta a los internos

El informe de este año también presenta un estudio monográfico que incluye los resultados de una encuesta que, con la colaboración del Departamento de Justicia, se distribuyó a todas las personas internas en centros penitenciarios y de justicia juvenil para valorar la respuesta de las administraciones públicas en la gestión de la covid-19 en el contexto de privación de libertad.

El 71% de los 1.623 encuestados consideran que dispusieron de bastante información en torno a la pandemia, pero sólo el 51% afirma haber recibido bastantes medidas de higiene como mascarillas y gel hidroalcohólico. El 61% afirma haber notado un aumento de la limpieza y la desinfección de los centros y el 56% dice que se ha garantizado el distanciamiento entre internos y entre internos y funcionarios. Más de la mitad admiten que la pandemia les ha provocado efectos emocionales o de otro tipo, pero casi ninguno ha recibido ningún tipo de tratamiento.

 

En la imagen destacada, Rafael Ribó y Laura Borràs / ACN