El Tribunal Supremo empezará su curso judicial con los indultos de los presos políticos sobre la mesa.
Desde que el 23 de junio los presos políticos salieron de la prisión, que empezó la ofensiva declaró nula la medida de gracia del gobierno de Pedro Sánchez, firmada por el Rey y sin objeciones por parte del Tribunal Supremo. El indulto, que perdona la pena de sedición y por|para el cual estaban en la prisión, es reversible, en los casos que haya indicios de reiteración del delito. Pero, además, Ciudadanos, Vox y el PP, empezaron una ofensiva por revocarlos con los recursos que se presentaron a principio del verano.
La palabra la vuelve a tener ahora el TS. Los antecedentes de revocación de indultos son pocos, el trámite largo, y la poca jurisprudencia, no sólo obstaculiza la posible revocación, sino que la dificulta.
En caso de que se agilizara todo, la respuesta del Tribunal Supremo no se espera hasta finales de este año, pero fuentes del alto tribunal, apuntan en El Nacional, que lo más probable es que se tarde un año en resolver los indultos. Una vez presentados los recursos, el Tribunal Supremo ha dado voz a la Abogacía del Estado que tiene que presentar alegaciones si lo ve oportuno. Y después hay que resolver todo el expediente. De momento la sala tercera del Tribunal Supremo ha rehusado las medidas cautelares que pidieron los tres partidos que presentaron los recursos, que tenían el objetivo de devolver a los presos políticos a la prisión. Ahora mismo, sin embargo, el procés está en pausa pendiente de reprenderse después de las vacaciones y a la espera del informe de la Abogacía del Estado sobre los recursos presentados.
El poder de la Sala Tercera
Como más estabilidad política, más probabilidad hay que se mantengan los indultos. La Sala Tercera del Tribunal Supremo está formada por 32 magistrados expertos en cada una de las materias del Contencioso administrativo. Es la encargada de juzgado los actos del Gobierno, como los indultos.
A pesar de basarse en criterios jurídicos, tienen mucho la cuenta el contexto político. Una situación sin tensiones y encaminada al diálogo, reafirmaría los indultos y el rechazo a los recursos. Pero más crispación y salidas de tono de los presos políticos, los podría devolver en la prisión con la revocación de los indultos.
Pero no todo es blanco o negro. La Sala podría entrar en un tiempo muerto, y sin mojarse ni decantarse hacia un lado u otro, podría pedir de nuevo al ejecutivo de Pedro Sánchez, que volviera a formular las argumentaciones por las cuales se tiene que dar los indultos a los condenados por el procés.
Algunas fuentes hablan de uno casi empate técnico ahora mismo con respecto a las posiciones sobre los indultos. Mitad del tribunal a favor de mantenerlos y mitad pensando en tumbarlos.
El recurso del caso del Kamikaze prosperó con 19 votos a favor y 17 en contra.
La estabilidad política, y en este caso, como evolucione la mesa de diálogo y los actos de la Diada Nacional de Catalunya, serán uno de los termómetros del Tribunal Supremo antes de entrar a valorar los indultos.
La oposición de los partidos políticos y la jurisprudencia
De momento parece que el aliso español no teme por la revocación de los indultos. La ministra de Justicia, Pilar Llop, calificó este verano en una entrevista como "bastante improbable" que el Supremo tumbara la medida de gracia. Tampoco contempla este extremo la ministra de Defensa y exmagistrada de esta misma Sala que ahora tiene que resolver, Margarita Robles.
Se basan en la jurisprudencia existente y en el hecho de que los recursos de los partidos políticos no están legitimados para no formar parte del proceso de indultos. De momento, todas las medidas que se han pedido desde los partidos se han rechazado. De hecho, el mismo Supremo dio un toque de atención a Vox, cuando, sin que nadie le pidiera, presentó su informe sobre los indultos. El TS argumentó que no formaban parte de este proceso. Un punto clave por si ahora pueden objetar o no para que se revoque la medida de gracia.
Pero la cuestión sobre si los partidos políticos están legitimados a recurrir los indultos que concede el gobierno, todavía no está resuelta.
El precedente del 2014
Pero en el 2014, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, impidió al PSOE recurrir la Amnistía Fiscal. A pesar de que no hay posicionamiento y que la Sala Tercera nunca se ha pronunciado, son conocidas las reticencias del Tribunal Ante los recursos de los partidos político. Según el TS el hecho de que los partidos sean el canal de la participación política y contribuyan a la formación de la voluntad popular, no es suficiente para legitimarlos para que impugnen cualquier actividad administrativa.
Según la sentencia del 2014, que la medida que se impugna pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de manera efectiva y acreditada en la misma esfera del partido político y no de una manera hipotética, abstracta, general o potencial. En este punto, el recurso que parece más acertado es el de Ciutadans, que no se ha presentado por el partido, sino por los diputados del Parlamento de Catalunya, con Inés Arrimadas al frente, que vivieron en primera persona los plenos del parlamento y las decisiones de la mesa previas y posteriores al 1-O.
En la mayoría de los recursos, el Tribunal Supremo no ha entrado en el fondo y ha valorado la forma. El punto de inflexión está en el caso del kamikaze condenado a 13 años de prisión por provocar la muerte de un joven de 25 años, en diciembre del 2003. El recurso lo presentaron los familiares de la víctima. Y el Supremo lo aceptó y revocó el indulto concedido por el gobierno de Mariano Rajoy.
En el caso del Kamikaze, el alto tribunal entra en la forma para sentenciar que un indulto es un acto discrecional del Gobierno que "exige, por disposición legal, la especificación y el conocimiento de las razones de justicia, equidad o utilidad pública".
Comparando el caso con el del procés independentista, el Gobierno justificó la medida de gracia en los expedientes por razones de equidad pública y están ampliamente fundamentados.
Entre los argumentos hay que si los 9 condenados por sedición continuaban en la prisión suponían "un obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado, así como un escollo para la superación del conflicto que protagoniza la política catalana en la última década". El Gobierno añadía que, una vez analizado el papel de cada uno de los condenados en la vida pública y la escena política catalana, eran claves para "el devenir de las relaciones entre España y Catalunya".