El Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona ha procesado a la empresa Iqoxe y a cinco de sus principales directivos por un presunto delito contra el medioambiente al terminar la investigación de una pieza separada de la causa que se abrió a raíz de la explosión en la empresa el 14 de enero de 2020. En un auto, la jueza acuerda continuar el proceso penal contra ellos al considerar que hay indicios de que actuaban de manera organizada y continua, desde 2017 hasta la explosión, para hacer vertidos directamente al mar. La jueza cree que hacían estos vertidos por la falta de capacidad de la depuradora de la empresa, y sospecha que para que pasaran desapercibidos los hacían por la noche o en fines de semana y los trataban con el desespumante Aquamax.
Así se produjeron los vertidos
La instructora tiene indicios de que presuntamente también manipularon y alteraron las analíticas de las aguas para aparentar que cumplían con los límites de emisión de aguas residuales. La investigación judicial concluye que los directivos de la empresa idearon y aplicaron estos mecanismos a raíz del aumento de la producción de la planta y del nuevo tipo de productos fabricados, concretamente etoxilatos y polios, que su estación depuradora no tenía capacidad para tratar.
Además, para diluir las aguas residuales, desde la empresa se utilizó el producto Aquamax, que supone "un peligro crónico para el medioambiente acuático" y, además, es mortal para personas en caso de ingesta y penetración a las vías respiratoria, según recoge la jueza. Así, cuando se vertía agua que no está tratada y esto provocaba una espuma, se aplicaba este producto para disolverla. La operación se llevaba a cabo a través de un tanque con aspersores de forma manual, con los operarios vaciando garrafas directamente.
Registros e inspecciones
Al margen de esta pieza por presunto delito contra el medioambiente, el juzgado tiene abierta la pieza principal por la explosión de enero de 202, que investiga como presunta imprudencia grave y delito contra los trabajadores, y otra pieza separada sobre autorizaciones y licencias. La pieza por presunto delito contra el medioambiente consta de nueve volúmenes con 3.075 folios en total, y en la instrucción se han hecho registros, inspecciones e informes de toxicología, y se ha tomado declaración a 12 investigados, aunque finalmente solo se ha procesado a cinco y se ha archivado el caso para el resto. Después del auto conocido este jueves, la jueza da 10 días a las partes para que presenten escrito de acusación o bien pidan archivar la causa.
Este miércoles, la CUP recibió la notificación que el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona había acordado seguir adelante con este procedimiento de la pieza EDAR en la causa contra Iqoxe por los presuntos vertidos de aguas residuales hechos directamente en el mar. Este partido político se personó en las tres piezas contra la empresa química y su cúpula directiva. Tal como avanzó ayer Eva Miguel, la portavoz cupaire en el ayuntamiento de Tarragona, el delito principal gira entorno un delito contra el medioambiente y los recursos naturales.