La electrocución de aves protegidas en torres antiguas de alta y media tensión es una realidad en Catalunya, reportada al detalle por el cuerpo de Agentes Rurales, pero la compañía Endesa no incumpliría la normativa vigente. Es el argumento expuesto por la Audiencia de Barcelona, que incluso expresa "cierta duda en el encaje penal" de la investigación por el delito contra el Medio Ambiente atribuido a la eléctrica y a seis directivos investigados desde el 2021 por un juez de Vic, a quien el tribunal tumba la medida cautelar acordada para que E-Distribución arregle todas las torres del partido judicial de Vic, como exigía la Fiscalía. Esta resolución es del enero pasado, pero la compañía Endesa la ha querido explicar ahora a ElNacional.cat para rebatir las acusaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente que incumple la normativa reguladora de protección de la avifauna. "Tenemos el pleno convencimiento que cumplimos la ley", afirman fuentes de Endesa, que además de la vía penal, precisan que el Govern ha dejado prescribir unas 200 multas que le ha impuesto en los últimos cuatro años por electrocución de pájaros porque cumple la norma.

La disputa legal es la interpretación del real decreto (RD) 1432/2008, que desarrolla la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que impone los criterios de protección del cableado para evitar la electrocución de pájaros, obligado en las nuevas torres y de las antiguas se establece una adaptación en fases.

Financiación, la clave

Además, se interpreta de forma opuesta una sentencia del Tribunal Supremo que valida el RD 542/20, y que precisa que se tienen que garantizar la seguridad de todas las torres hacia las personas y el medio. En opinión de Endesa, la obligación de poner protecciones a las torres se ha de cumplir una vez recibe la financiación por parte del Ministerio de Medio Ambiente y en ciertas zonas protegidas, mientras que para la Fiscalía no hay ninguna limitación de ejecución, ni de zonas protegidas.

En este sentido, Endesa detalla que ha recibido la primera subvención del año 2020, cifrada con 283.000 euros, para arreglar 89 torres en zonas de especial protección. Y que se le ha confirmado una segunda subvención para este año y hasta el 2025 de 2,4 millones de euros para arreglar unas 770 torres.

Endesa adapta una torre eléctrica para proteger avifauna, en Torroella de Montgrí, en el  Baix Empordà. / Foto: O.S.

Más de 3.600 torres adaptadas

Paralelamente a la financiación estatal, Endesa (que tiene el 95% del mercado eléctrico en Catalunya) y la Generalitat firmaron un convenio en el 2020 para arreglar las antiguas torres aéreas de media tensión (de 25.000 vuelos) más allá de las que marca el real decreto de 2008, y que el Departament de Acción Climática fija las zonas prioritarias. En el 2022 acordaron poner un aislador (con un coste de unos 3.500 euros la unidad) a unas 500 torres o soportes al año, que en este caso paga la empresa, aparte de la activación de brigadas especializadas, con un traje específico para no electrocutarse.

Expertos de la compañía detallan que por criterios económicos y ambientales, no todas las torres de la red aérea anterior a 2008 (unos 18.000 km, el 53% del total) tendrían que ser arregladas. Precisan que desde el 2018 han adaptado 3.600 torres de toda esta red, que tiene 210.000 soportes. Y, ¿cuántas torres o palos antiguos faltan para poner un aislador para proteger las aves? La respuesta, indican, la tiene Acción Climática, que consultados por ElNacional.cat, todavía no han contestado.

A pesar de los esfuerzos, los Agentes Rurales de Catalunya informan de que 737 aves se han accidentado en líneas eléctricas en Catalunya desde el 1 de enero a 31 de octubre de este año.

Agentes Rurales encuentran una ave muerta a tocar un palo eléctrico, en el Urgell, este agosto / Foto: Agents Rurals

Unas 200 multas archivadas

Endesa incluso no esconde que la Generalitat le ha impuesto en los últimos cuatro años unas 200 multas (de menos de 30.000 euros cada una) por la electrocución de pájaros -la mayoría coincidiendo con la querella de la Fiscalía, y a pesar de tener el convenio de trabajo conjunto de actuaciones-, pero que gran parte ha prescrito por falta de respuesta de la administración. Añade que de los 27 recursos que ha presentado en juzgados de lo contencioso-administrativo contra multas impuestas por la Generalitat por la muerte de pájaros electrocutados, todos los han ganado, menos uno.

El juzgado de lo contencioso-administrativo 13 de Barcelona fue el primero que dio la razón a Endesa, en abril de 2021. Expone que Endesa "no incumplió ninguna obligación" porque el real decreto de 2008, que desarrolla la Ley 42/2007, especifica que habrá zonas de especial protección, en las cuales las eléctricas tendrán que proteger sus torres para evitar la colisión y electrocución de aves salvajes, a partir del presupuesto que aporte el Ministerio de Medio Ambiente. Ante la falta de esta subvención y que la resolución de 2013 de la Generalitat establecía las fases de actuación, y donde murió el animal todavía no se había llegado a la zona a actuar, la juez retira la sanción en considerar que no ha incumplido la norma. El juzgado de lo contencioso-administrativo 8 de Barcelona, el julio pasado, casi hace el mismo razonamiento y revoca una sanción administrativa por la muerte de un pájaro electrocutado en una zona no adaptada.

Querella de Vic ampliada

Endesa ha querido aclarar la situación jurídica que tiene con respecto a la protección de la avifauna a Catalunya, de la cual sostiene que es el único territorio donde vive tanta presión por la vía penal, ante las últimas acciones. En concreto, el nuevo juez responsable del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vic ha acordado ampliar la investigación sobre la electrocución de aves en torres eléctricas de la compañía Endesa de la comarca de Osona a toda la provincia de Barcelona y hasta la actualidad y que se indiquen los directivos de a compañía de esta zona, ante la denuncia del fiscal de Medio Ambiente, Antoni Pelegrín, que la situación de riesgo persiste y los hechos "tienen connexidad".

La Fiscalía de Barcelona interpuso una querella por la muerte de pájaros protegidos en mayo de 2021 y se centró en la comarca de Osona y en el periodo 2018-2020, con el detalle de unas 300 electrocuciones de aves protegidas, como buitres y cigüeñas. Habitualmente, las aves mueren cuando están en una torre y al estirar las alas, tocan uno de los cables, y se electrocutan porque su cuerpo está en diferentes potencias eléctricas. La compañía ha presentado recursos a fin de que el juzgado de Vic acote el tiempo de investigación, ya que desde la Fiscalía se van aportando todos los atestados nuevos de aves electrocutadas.

Por su parte, la Fiscalía de Tarragona también presentó una querella por la muerte por electrocución de centenares aves protegidas, que se archivó en primera instancia y ahora está pendiente de lo que diga la Audiencia de Tarragona.

En la foto principal, especialistas trabajan en la protección de una torre en Vilanova i la Geltrú, en el Garraf. / Foto: O.S./ Endesa