A partir de este martes 25 de febrero y hasta el 4 de marzo unas 570.000 familias del País Valencià podrán participar en una consulta impulsada por el Gobierno del presidente Carlos Mazón para que escojan la lengua vehicular en la que quieren que se escolarice a sus hijos: el valenciano o el castellano. La Generalitat Valenciana, en manos del PP, ya ha enviado una carta a todos los hogares pidiendo la participación en el referéndum y lo enmarca todo en la conocida como Ley de Libertad Educativa que impulsó el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y que se aprobó en las Corts el verano del 2024. La lengua escogida por las familias será la que tendrá "un peso mayor y una presencia mayor en la enseñanza" de sus hijos, y la que "se utilizará para que el alumnado aprenda a leer y escribir", desde el segundo ciclo de Infantil hasta los cursos de la ESO. La polémica medida trae cola y decenas de agrupaciones de docentes, familias y direcciones, sindicatos y entidades en defensa del valenciano llenarán las calles este sábado para expresar su rechazo y afianzar su apuesta por la enseñanza en la lengua autóctona del territorio.
El presidente Carlos Mazón presentó la consulta a mediados de febrero, rodeada de una campaña de promoción con el nombre 'Dos lenguas, una Comunidad', y defendió que era un paso de gigante en el camino "para que las familias sean las principales responsables en la educación de sus hijos" y que el alumnado "sea competente en las dos lenguas cooficiales". "Enfrente de la imposición, recuperamos la convivencia y el equilibrio", remachó al presidente. El conseller Rovira, por su parte, ha defendido que el País Valencià tiene un "legado cultural de ser una comunidad bilingüe" y ha asegurado, incluso, que la medida tiene también el objetivo de revertir la bajada de uso del valenciano, tanto a la calle como al ámbito escolar, con un cambio de paradigma, "pasando de la imposición a la promoción".
Una doble red: valenciano o castellano
A partir del resultado de la consulta, se adscribirá el alumno a una lengua base, se determinarán cuántos grupos de cada lengua hay en cada centro y curso y se esbozará un reparto, que entraría en funcionamiento a partir del curso 2025-2026. Al mismo tiempo, las familias podrán escoger lengua en el procedimiento de admisión a un centro. En la práctica, se segrega con una doble vía de escolarización: valenciano o castellano. El responsable de la política educativa de la Generalitat Valenciana admite la dificultad logística: "La casuística es variada, puede ser que si hay un 2% de una opción enfrente del 98% se los ofrezca plaza en el centro del lado, mientras que si el número es significativo estaría la posibilidad de hacer más grupos," puntualizó Rovira en la presentación de la consulta, a la vez que añadió que todo se mirará "caso por caso".
"Amenaza el modelo de escuela en valenciano" y pone "en riesgo" la lengua
La medida trae cola y se ha convertido en la enésima polémica de Carlos Mazón, habitualmente inmerso en su cruzada contra el valencianismo político y últimamente más centrado a defenderse ante el asedio político y social por la desastrosa gestión de la DANA que arrasó València el pasado mes de octubre. Más de una veintena de consejos escolares, sindicatos, asociaciones de padres y madres y entidades por la lengua valenciana se han posicionado en contra y se han organizado en el marco de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública para convocar manifestaciones este sábado 22 de febrero en València, Castellón y Alicante. Bajo el lema "Tria valencià", dan apoyo a la movilización Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, CCOO, UGT, CGT, el sindicato de docentes STEPV, la Federació de Pares i Mares de València, el sindicato estudiantil SEPC, las asociaciones de directores de primaria y de secundaria y una decena de entidades más de los movimientos sociales, laborales y del catalanismo político.
Los activistas por la lengua a la educación pública de Escola Valenciana denuncian que la consulta de Mazón "vulnera los derechos lingüísticos del alumnado que quiere enseñanza en valenciano" y rechazan una elección que "amenaza el modelo de escuela en valenciano y pone en riesgo el uso del valenciano como lengua vehicular, esencial para la cohesión social y la normalización lingüística". Escola Valenciana también argumenta que el aprendizaje en valenciano abre puertas laborales y mejora las posibilidades de aprender una tercera lengua. Al mismo tiempo, defienden que "el valenciano forma parte de nuestra particular identidad y riqueza: es la herencia de nuestros antepasados y lo tenemos que transmitir a las nuevas generaciones". Desde el colectivo Famílies pel Valencià lamentan que la decisión que tienen que hacer ya las familias de escoger lengua es sin tener toda la información sobre que supondrá, por lo cual puede ser una "trampa", y denuncian que la medida podría suponer una marginación de la lengua valenciana.
Por parte del sindicato de docentes STEPV han denunciado incluso coacciones por parte de inspectores de la Conselleria para evitar que se realicen campañas en los centros a favor del valenciano o que se celebren consejos escolares por abordar la medida. En centros educativos de Oliva se han retirado pancartas a favor del valenciano y en Sagunt se impidió la celebración de una jornada sobre el tema organizada por un instituto, denuncian las entidades. Además, la confederación de familias Gonzalo Anaya lamentan que la carta que ha enviado el conseller Rovira es "manipuladora y sesgada".
PSPV y Compromís, pendientes de los tribunales
Desde la política institucional, la oposición a la consulta de Mazón la han escenificado el Partido Socialista y Compromís. El PSPV ha presentado mociones en todos los ayuntamientos del País Valencià en defensa de la lengua y para que se exija al Gobierno la retirada inmediata de la iniciativa. El secretario de Educación del PSPV, Miguel Soler, asegura que la consulta pone en peligro "la cohesión educativa y lingüística" del País Valencià e introduce "un criterio partidista y emocional en la elección de la lengua, despreciando los criterios pedagógicos y el papel de los consejos escolares". También señala que la normalización lingüística del valenciano en la escuela fue aprobada por unanimidad en las Corts y permitió un marco legal de protección a una lengua "minorizada". De romper este "equilibrio" responsabilizan PP y Vox.
Desde Compromís, el partido de la izquierda valencianista ha intentado frenar la consulta en los tribunales, con la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), de la misma manera que también lo han hecho con sendos recursos Acció Cultural del País Valencià, Famílies pel Valencià y Famílies de Russafa. Las tres han reclamado al juez medidas cautelarísimas para parar la consulta. Todo está ahora en encima el tejado de los jueces, mientras las calles clamen este sábado en defensa del valenciano en la escuela.