El juez de instrucción número 2 de Badalona que investiga la trama de presuntas adjudicuaciones corruptos de dispositivos de seguridad en varios ayuntamientos ha enviado a la prisión 2 de los detenidos. Son responsables de las empresas conseguidores de los contratos con los ayuntamientos.
El resto de los que han declarado finos ahora han quedado en libertad con cargos. Entre ellos está el jefe de la policía local de Tiana, el responsable de nuevas tecnologías de Mollet del Vallès y un responsable de la empresa Gespol en Catalunya a quien se les ha retirado el pasaporte y tendrán que presentarse en el juzgado periódicamente. La otra empresario de Gespol está en la prisión provisional junto con un importante empresario de Castilla y León procesado por otra causa de corrupción.
Ayer se tomó declaración en 9 de los investigados: Los 4 catalanes y 5 más de Madrid (Fuenlabrada, Majadahonda y Villanueva de la Cañada). Hoy continúan la declaraciones.
Hoy declararán 6 detenidos más.
La operación estalló el martes después de más de 2 años de investigación a partir de la denuncia de un particular a raíz del polémico radar de Montgat. Se hicieron 55 entradas y cacheos a varias comunidades, 19 requerimientos de información y una cincuentena de detenciones.
La causa está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de dinero público, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, soborno, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.
La trama
Se investiga la contratación de dispositivos informáticos de seguridad. La organización funcionaba con los policías locales como conseguidores de los contratos de los ayuntamientos para dispositivos como semáforos o radares, entre otros dispositivos, para empresas del sector.
Gespol que está en el centro de la investigación adquirió el uso del sistema informático que gestiona los radares de Montgat y Mollet del Vallès que destaparon la polémica a raíz de de la avalancha de multas. El ayuntamiento de Montgat tenía externalizada la gestión del servicio en una empresa que tramitaba el cobro de multas con la Diputación de Barcelona y de la que se quedaba una comisión. Esta contratación se hace entre los años 2011-2015 por parte del actual jefe de la policía local de Tiana, en aquel momento concejal de seguridad y movilidad de Montgat gobernado por CIU y ERC. El año 2015 entra como a cargo de confianza en el Ayuntamiento de Tiana para dirigir a la policía local y sólo uno más después de su nombramiento contrata cursos de formación con la empresa Bilbomàtica. En varios concursos públicos para el adquisición de radares consta documentación también de Gespol.
El juez requirió al Ayuntamiento de Montgat que presentara la documentación necesaria para analizar una serie de adjudicaciones. Pero el consistorio no aportó ningún documento, y el 7 de julio del 2016 el juez se presentó en las dependencias municipales con la policía española. Pidió todos los documentos al secretario municipal y registró la comisaría de la urbana.
La documentación que se encuentra en el cacheo facilita que se pueda ir estirando del hilo y se empieza a destapar una trama que sale de Catalunya y que afecta a 40 municipios del estado español.
La investigación va más allá y podría afectar a otras administraciones públicas.