Más de una decena de entidades de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos y también familiares de personas presas, han hecho hoy una rueda de prensa para pedir al Departamento de Justicia que no modifique la circular 2/21 sobre las medidas de contención en los centros penitenciarios catalanes, que se había empezado a aplicar de forma piloto hace ocho meses, y que básicamente erradica que los presos sean atados a la cama, las llamadas contenciones mecánicas, y se quería implantar de llevar a las personas alteradas a celdas acolchadas para evitar que se lesionen.
Las entidades han hecho este llamamiento después de que la consellera Lourdes Ciuró, anunciara al Parlamento y a los medios de comunicación que se modificaría esta circular ante las quejas de los funcionarios. Para las entidades es "erróneo" asociar este cambio en las contenciones, que cumplen las recomendaciones de organismos internacionales, con el hecho que han aumentado las agresiones a funcionarios de los penales, denunciadas por los sindicatos de prisiones. La circular se aprobó en mayo de 2021 y recogía, entre otros, recomendaciones del Comité para la Prevención de la tortura y otros tratos o penas inhumanas o degradantes del Consejo de Europa (CPT) o del Síndic de Greuges, organismos que en los últimos años habían requerido a las autoridades catalanas cambios sobre las contenciones en las prisiones.
Ante este reclamo, el Departamento de Justicia ha respondido, a través de un comunicado, que su política "tiene en su ADN la defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos que gestiona" y en el caso de los centros penitenciarios "defiende los derechos humanos de los internos y también de los funcionarios públicos". El departamento admite que la circular está "en revisión" y la voluntad es aprobarla en enero.
Norma a consulta
En concreto, Justicia detalla que ya cuenta con un borrador en el cual han hecho aportaciones miembros de los equipos directivos de los centros y mandos profesionales, y también se derivará en los representantes sindicales de los trabajadores. Añade, que en este proceso también quiere escuchar las entidades en defensa de los derechos humanos. Y se precisa que así se lo dijo la consellera Ciuró en una reunión el jueves pasado.
Justicia asegura que "el objetivo del departamento es tender a la contención cero, como les dijo la consellera Ciuró en la reunión." Y pide a las entidades "trabajar juntos". La misma petición que en la rueda de prensa de hoy ha hecho Mireia Salazar, de Irídia, a los responsables de Justicia. Las entidades también han solicitado que en la nueva normativa "no haya indeterminaciones". El abogado Àlex Solà, de la Comisión de Defensa del Icab, ha calificado el anuncio de la modificación de la circular de "prepotente y poco aceptable", después del trabajo hecho por entidades y avalado por el Mecanismo catalán contra la tortura, que en Catalunya es el Síndic de Greuges. Gracia Amo ha explicado el caso de su hijo preso que al ser consumidor de cocaína "tenía ataques de pánico y en lugar de calmarlo lo aislaban y tenía más ataques de angustia, se ahogaba y se alteraba, y lo único que le hacían era atarlo o pincharle un medicamento, que todavía aumentaba su adicción". Después del episodio tampoco recibía ninguna atención psicológica especial, ha contestado la madre a preguntas de una asistente.
Se detalla que las medidas de contención son aquellas que se aplican cuando hace falta calmar o parar a una persona - en este caso un recluso- que se encuentra alterada. Existen varias medidas en función de la intensidad de la situación: desde la contención verbal, a través de la palabra, hasta las inmovilizaciones. En las prisiones catalanas en algunas ocasiones implican atar a la persona a la cama con correas, lo que se denomina contenciones mecánicas, que se empiezan a descartar también para atender a personas con problemas de salud mental. El personal de la prisión es el encargado de evaluar cada situación y aplicar estas medidas, que desde mayo y hasta ahora están reguladas por la circular 2/21, normativa que – se indica‑ "había supuesto un gran paso adelante en materia de derechos".
La normativa vigente se aprobó después de más de catorce años de trabajo y debate de organizaciones de la sociedad civil y el Govern. En este tiempo, diferentes informes del Síndic de Greuges o del Comité por|para la Prevención de la tortura y otros tratos o penas inhumanas o degradantes del Consejo de Europa (CPT) habían apuntado que había que actualizar la normativa para asimilarla a los estándares internacionales y para evitar situaciones como el uso de las contenciones como castigo o de posiciones peligrosas como la de Superman hechos que contempla la Circular 2/21, que busca evitar las contenciones mecánicas siempre que se pueda.
Las entidades firmantes de la medida son: Alerta Solidaria, Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, Asociación de Familias de Presxs de Catalunya, Comisión de Defensa del ICAB, IACTA, Instituto de Derechos Humanos de Catalunya - IDHC, Irídia - Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, Justicia y Pau, Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos UB - OSPDH, Red Anti-Represión de Familiares de Detenidas.