Una decena de entidades de derechos humanos y de familiares de presos ha denunciado que el Departament de Justicia ha archivado la investigación que le exigieron para aclarar responsabilidades ante el bloqueo de las prisiones catalanas, que protagonizaron funcionarios de los penales, sin convocar huelga, para denunciar el asesinato de su compañera en la prisión de Mas d'Enric, entre marzo y el abril pasado. En un comunicado, difundido este miércoles, las entidades, como denunciantes, detallan que Justicia no les ha informado de nada, que expresan su "estupor e indignación" por el archivo del caso, que implicó "graves incumplimientos" y que han sabido que se cerraba la investigación por los medios de comunicación, tal como avanzó TV3.

Por eso, las entidades reclaman que a través de la comisión de Justicia del Parlament se exija al departament, que encabeza Ramon Espadaler, que aclare la investigación y tramitación sobre las protestas en las prisiones catalanas. 

Cerrado por el equipo de Ubasart

Fuentes de Justicia han aclarado a ElNacional.cat que fue el anterior equipo de Justicia, que encabezaba la consellera Gemma Ubasart,  que  el 4 de julio pasado cerró la información reservada que abrió por estos hechos, con la conclusión: "No se constata  actuaciones de reproche disciplinario." Inicialmente,  el equipo de Ubasart dejó la puerta abierta incluso a descontar del sueldo los días que funcionarios no fueron a trabajar por las protestas, puesto que  era una huelga encubierta y no declarada a la administración para  evitar que dictara servicios mínimos.

Después de dos semanas de protestas, finalmente, el Govern  d'ERC cerró un acuerdo con los sindicatos (la UGT, el mayoritario), que implicaron mejoras en la seguridad y mejoras salariales, que ya se negociaban.

Vulneración de derechos fundamentales, según la sindica

Las entidades recuerdan que la sindica de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, en resolución, dictada el julio pasado, sobre las protestas funcionariales consistentes en bloqueos de las entradas de las prisiones, crema de neumáticos, acciones de huelga no declarada y piquetes, entre otros, "causaron la vulneración masiva de derechos fundamentales de más de 4.000 presos y presas.

Añaden que la sindica comprobó que se afectaron los derechos a salir de las celdas (ya que se confinó y se aisló a miles de personas presas sin ninguna causa legal), los derechos a acudir a diligencias judiciales, a comunicar con sus letrados, a recibir asistencia médica y psiquiátrica. Y  aseguran que fue "especialmente grave" la imposibilidad de mantener comunicaciones con sus familiares a centenares de familias que se desplazaron en los días que tenían derecho a visitas. "Nadie se imaginaría utilizar a niños en escuelas ni a pacientes enfermos en hospitales para ejecutar acciones parecidas", manifiestan.

Las entidades denunciantes son: Asociación Justicia y Pau; Asociación de Familias de Presxs de Catalunya; Instituto de Derechos Humanos de Catalunya; Alerta Solidaria; el Observatorio del Sistema penal y los Derechos humanos de la Universidad de Barcelona; Irídia, Centro para la defensa de los derechos humanos; Red anti-represión de familiares de detenidas, y Observa, asociación por|para la monitorización del sistema penal.