El pasado mes de mayo el Consejo de Ministros aprobó a la conocida como ley 'rider'. Hoy, pasados los tres meses de margen que se les dio en las empresas del sector de reparto de comida a domicilio para adaptarse a la nueva normativa, esta entra en vigor. Su principal objetivo es acabar con el uso de falsos autónomos como repartidores y obligar a las empresas a contratarlos como asalariados.
Este texto fue consensuado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con Yolanda Díaz (Unidas Podemos) al frente, sindicatos y patronales. Aunque se presentó en marzo, hasta mayo no fue validada por el Congreso, aunque PP y Vox ya han recurrido en contra ante el Tribunal Constitucional.
Sin grandes cambios
La ley, que en realidad es una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores, recoge la "presunción de laboralidad" en el ámbito de las plataformas digitales de reparto y según defienden desde el ministerio, este cambio adapta la legislación a sentencias del Supremo, que ha condenado a varias empresas por considerar que han utilizado a falsos autónomos como repartidores. De las cuatro principales compañías que operan en España, tres han mostrado su rechazo a esta modificación y cada una se adaptará de manera diferente a la nueva ley, sin hacer grandes cambios.
Mantener autónomos o subcontratarlos
Glovo anunció que contrataría a unas 2.000 personas para adaptarse a la ley antes de que acabe en el 2021, una cifra muy lejana a los 12.000 trabajadores que se calcula que tiene la empresa por todo el Estado. Este es un cambio menor, ya que mantendrá como autónomos más de un 80% de sus repartidores después de idear "un nuevo modelo de relación" que, según indican, respeta la nueva normativa. Así, los trabajadores podrán, por ejemplo, rechazar pedidos.
Uber Eats ha optado por otra opción y dejará de utilizar autónomos para pasar a subcontratar a los ciclistas a través de empresas especializadas en reparto de alimentos. En un mensaje en sus 'riders', explican desde de Efe, la compañía los dijo que "en caso de estar operando como repartidor autónomo, te informamos de que a partir del 12 de agosto no podrás seguir proporcionando servicios de reparto a través de esta plataforma".
Deliveroo ha tomado una drástica decisión anunciando que cerrará próximamente sus operaciones en España ante la nueva legislación. La empresa británica ha llegado a la conclusión que obtener una posición de mercado de primer nivel requeriría un nivel de inversión elevado "con un rendimiento potencial muy incierto a largo plazo que podría afectar a la viabilidad económica del mercado".
Conciliar negocio y bienestar
La situación es bien diferente a Just Eat, que es la única empresa que ha iniciado una negociación colectiva con sindicatos para crear el primero convenza de plataformas de reparto. Justamente esta empresa, la más antigua del sector en España, no había utilizado nunca autónomos para repartir los pedidos. "Tenemos que conciliar la creación de nuevos modelos de negocio sin sacrificar el Estado del bienestar", ha dicho a El País su director en España, Patrik Bergareche.
A favor y en contra
La nueva ley ha creado controversia por todo el Estado, más allá de los recursos al Constitucional de Vox y PP. Durante muchos años, ha habido gente que ha reclamado una normativa como esta como herramienta para luchar contra la vulneración de derechos de los 'riders', mientras que también hay repartidores que defendían seguir con el modelo de los autónomos. Estos últimos han apuntado que la nueva regulación implicará más precariedad para quien trabaje como asalariado con contratos temporales.
En cambio, la asociación Riders x Derechos, que pedía al Gobierno que legislase sobre la materia, ha lamentado que Glovo (la compañía más conocida y representativa de este modelo) se salte la ley con su "nuevo modelo" y siga utilizando autónomos. Además, también se cuestionan si es legal que UberEats subcontrate al 100% a sus repartidores, como ya han anunciado que harán.
En la imagen principal, 'riders' de Glovo / Efe