Este lunes entra en vigor el polémico nuevo registro de datos en la hostelería y algunos servicios. A partir de hoy, establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y agencias de alquiler de vehículos tendrán que recoger obligatoriamente una serie de datos de sus clientes por motivos de seguridad. Se trata de una medida controvertida, a la que se opone buena parte del sector turístico y la hostelería al considerar que es "desproporcionado", que les añade cargas burocráticas difíciles de gestionar y que desincentiva el turismo.
La entrada en funcionamiento del registro se ha aplazado ya tres veces y los empresarios del sector hace meses que reclaman una nueva moratoria. El Ministerio del Interior rechaza una nueva prórroga esta vez y defiende su utilidad como un instrumento policial de prevención y lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, para los que la logística del alojamiento y de los vehículos "es determinante". Están obligados a registrar los datos de los clientes, hoteles, hostales, pensiones, casas de turismo rural, campings, establecimientos de autocaravanas, agencias de viaje y plataformas de alquiler de pisos turísticos, empresas de alquiler de vehículos y sitios web para reservar coches.
Los datos se tendrán que recoger en una plataforma informática. Se trata de información del cliente como el nombre, el sexo, el DNI, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia habitual, la dirección completa, el teléfono, el correo electrónico, el número de viajeros que acompañan al cliente y la relación de parentesco si hay un menor. Además, se pide información sobre la transacción —fecha, horas de entrada y salida, número de referencia—, el inmueble —si hay conexión en internet o no y el número de habitaciones—, y el pago —titular, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha de pago—.
"Modernización" de las medidas de seguridad
Aparte del rechazo del sector, la medida también ha tenido resonancia política. El Partido Popular presentó una moción en el Senado, aprobada con los votos de PNV y Junts, que insta al Ejecutivo a prorrogar la suspensión de su entrada en vigor. El Gobierno, sin embargo, lo descarta y ve en el registro un instrumento policial para mejorar la seguridad ciudadana. "Cobran especial relevancia en el 'modus operandi' de los delincuentes la logística de los alojamientos y la adquisición o uso de vehículos de motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona más privacidad a estas transacciones", apunta el real decreto 933/2021.
El ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska argumenta que los registros vigentes hasta ahora se basan en regulaciones "obsoletas" que no recogen las nuevas modalidades de negocio telemáticas y defiende que la nueva normativa supone una "modernización" de los mecanismos que se han utilizado hasta ahora, basados en libros-registro. Además, fuentes del ministerio argumentan que los clientes no tendrán que aportar más documentos de los que ya presentaban y "solo se tendrá que indicar el parentesco con los menores que los acompañan". También subrayan que las empresas no tendrán que realizar "ninguna comprobación adicional", ya que la veracidad de la información requerida es responsabilidad de los usuarios.
El equipo de Grande-Marlaska asegura que someterá a consulta pública una orden ministerial en los próximos días para "establecer el procedimiento para incorporar" la nueva información. La plataforma digital 'Ses.hospedajes, que recogerá los datos, está plenamente operativa y a finales de noviembre ya se habían registrado de forma voluntaria 4,8 millones de datos de usuarios que permitieron localizar 18.500 personas contra las que constaba una orden de detención estatal o internacional. En total, se han registrado 61.500 hoteles, 1.100 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.700 empresas de alquiler de vehículos.
Hosteleros en pie de guerra
Hoteles y agencias de viajes preparan una ofensiva judicial para parar el nuevo registro. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos considera que la normativa "es confusa y desproporcionada" y supone un "grave perjuicio" para los clientes y para el sector. Según dicen, la nueva normativa situará al país en "desventaja" respecto de otros destinos que "priorizan la privacidad y la simplicidad administrativa" y "desincentivará" la llegada de turistas. A su vez, la Confederación Española de Agencias de Viajes afirma que "continuará con los planteamientos jurídicos" y argumenta que la "no exoneración de las agencias de viajes puede ir en contra del efecto que se persigue —mejorar la seguridad—, al darse situaciones continuas de traslado de información duplicada o triplicada, lo que puede saturar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Las agencias de viajes —representadas por Fetave, Acave y Unav— rechazan lo que ven como "una normativa de imposible aplicación" porque se exigen datos que las agencias de protección de datos europeas impiden solicitar, como las correspondientes a las tarjetas de crédito; argumento que Interior rechaza. Además, afirman que han sido "injustamente incluidos" en la normativa, que en un inicio estaba dirigida a alojamientos turísticos y empresas de alquiler de vehículos. Aparte de los empresarios turísticos, el Consell de l'Advocacia Catalana también alerta de que la nueva regulación puede suponer una vulneración de la privacidad de las personas y una posible infracción del derecho a la protección de los datos personales.