El estado español da por hecho que la escuela catalana adoctrina. Como mínimo eso es lo que se desprende de la reunión que esta tarde han mantenido el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, con los guardias civiles padres de los alumnos del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, que, presuntamente, fueron "humillados" por 9 profesores, a quien la fiscalía investiga, el día siguiente del 1-O.

Ni el director del instituto, ni ningún maestro ni ningún representante de la comunidad educativa han sido invitados al encuentro. No sorprende, la nota que envió el Ministerio de Interior anunciando la reunión y dando "pleno apoyo" a las familias guardias civiles lo dejaba claro: sólo hay interés en escuchar a una de las partes.

De hecho, en el mismo texto se especificaba que, "independientemente de las actuaciones judiciales en curso", el gobierno español "siempre estará al lado de ellos" y que comparte "la indignación por actitudes antidemocráticas, sectarias y impropias de un centro educativo".

Hacia las cuatro y media, el delegado del gobierno español en Catalunya, Enric Millo, ha llegado al edificio de la calle Mallorca, poco después ha sido el turno de las familias de guardias civiles que han entrado a la delegación en una furgoneta y perfectamente uniformados. Los últimos en llegar han sido los secretarios de Estado de Educación, Marcial Marín, y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Eran ya las cinco de la tarde.

Ha sido una reunión larga, de unas dos horas, de la que no ha trascendido el contenido. 

La reunión de hoy ha recibido críticas por todos lados, especialmente de la comunidad educativa que se ha sentido despreciada y excluida, y que esta mañana ha trasladado su malestar al subdelegado del gobierno español. Comisiones Obreras ha reprochado al estado español que sólo se escuche a una parte del conflicto y que se actúe por la vía judicial. En la misma línea se pronunciaron hace días los profesores del IES El Palau que aseguraban que con esta actitud, el gobierno español da por válida la versión de la Guardia Civil.

El síndic de greuges también alertaba ayer de la judicialización del caso y cargaba contra la fiscalía por incluir en la denuncia sólo la versión de las familias afectadas sin dedicar ni una línea a la declaración de los profesores.