A un año de las elecciones y habiendo incumplido con creces la promesa de construir 8.000 viviendas sociales en la ciudad de Barcelona, Ada Colau ha conseguido los apoyos necesarios para obligar a las promotoras a destinar un 30% de las nuevas construcciones a viviendas sociales. El gobierno municipal ha conseguido el apoyo de su propio partido, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, el Partido de los Socialistas y la CUP. Colau, sin embargo, ha tenido que hacer una concesión: la medida no se pondrá en marcha de manera inmediata sino que se tendrá que esperar hasta el otoño, cuando haya pasado por el pleno y por la Comisión de Urbanismo de la Generalitat.
Desde de ERC, el concejal Jordi Coronas ha asegurado que es un "buen acuerdo" y se ha felicitado de que "se sigan dando licencias" a pesar de la proposición inicial apostaba para suspender las licencias.
El Partido de los Socialistas ha dicho que apoya la propuesta por "compromiso" con las entidades que lo han impulsado pero que se trata "de una celebración a medias" porque "no sabemos cómo acabará ni con qué garantías cuenta".
Eulàlia Reguant de la CUP ha dicho que a pesar de dar apoyo no están "contentos" porque la moción tendría que haber incluido la suspensión de licencias "desde hoy mismo". Con todo, considera que es una medida que ayuda a "corresponsabilizar los que son responsables de la situación de emergencia habitacional que vivimos", ha dicho.
El PDeCAT, por su parte, ha dicho que se ha sentido "despreciado" y que la medida se ha tomado con una "precipitación imperdonable". Para el concejal Jordi Martí se trata de un anuncio hecho "a correr cocida" para intentar tapar todo lo que no se ha hecho hasta ahora. El PDeCAT pide un informe jurídico "que avale la legalidad de la medida".
Ciudadanos ha criticado que "no se ha tenido en cuenta" promotores y constructoras. El PP ha señalado que la medida será "contraproducente"
El concejal no adscrito, Gerard Ardanuy, ha asegurado que "tiene dudas razonables", aunque se ha abstenido.
El acuerdo lo ha anunciado la misma alcaldesa, media hora antes de la comisión de ecología, urbanismo y movilidad. Colau ha comparecido al lado de varias entidades que dan apoyo a la medida: el Sindicato de Inquilinos, el Observatorio DESC, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, la FAVB y la PAH.