Vuelta a empezar. La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra las instrucciones del Departament de Educació para el curso próximo al considerar que "atenta" y "vulnera" derechos fundamentales en materia lingüística. En concreto, afirma que se vulneran los derechos de los castellanohablantes cuando se concreta que el catalán, y el aranés en el Arán, sean las lenguas normalmente utilizadas como lenguas vehiculares y de aprendizaje, o que el catalán tiene que ser el vehículo de expresión y comunicación normalmente utilizado. También cuando se afirma que la lengua catalana es la de la institución y, por lo tanto, la de uso habitual en todos los espacios del centro. La AEB insta el TSJC a que se ordene a Educació a incluir en los proyectos lingüísticos también el castellano como lengua vehicular y de referencia, según ha informado este martes la ACN.
La AEB afirma delante del TSJC que estas instrucciones vulneran los derechos fundamentales a la no discriminación y a la educación. Ante esta consideración, insta el TSJC a tomar como medida cautelarísima instar Educació a incluir el castellano en los proyectos lingüísticos de los centros públicos y concertados el castellano como lengua vehicular para el próximo curso. Las instrucciones que ha impugnado el AEB se incluyen en los Documentos para la organización y la gestión de los centros. Proyecto educativo del centro. Curso 2022-2023, que se puede consultar en el portal web de Educación. Esta entidad es la que reclamó la ejecución de la sentencia del 25% de castellano, que el TSJC inició y paró, a principios de julio, al ver que no la puede aplicar con la nueva normativa, aunque considera que es inconstitucional.
La reclamación de la entidad
En concreto, la entidad quiere que como mínimo una asignatura, materia, área o actividad de carácter troncal o análogo se desarrolle en castellano. Añade que en las pruebas de evaluación también se tendrá que ofrecer a los alumnos la posibilidad de hacer los ejercicios también en castellano con el correspondiente material en esta lengua.
La sala del contencioso-administrativo del TSJC mantiene en suspendido la ejecución de su sentencia que fija que el 25% de clases en todos los centros de Catalunya tiene que ser en castellano. El tribunal lo acordó después de admitir que la nueva normativa aprobada por el Parlament -el decreto ley 6/2022 y la ley 8/ 2022- superaba su resolución, aunque añadía que consideraba estas normas anticonstitucionales y pedía a las partes, incluido la fiscalía, para que se pronuncien, si hay que hacer una consulta al Tribunal Constitucional.
La fiscalía no ve delito
Recientemente, La Fiscalia Superior de Catalunya archivó las denuncias que recibió de los grupos parlamentarios de VOX y Ciutadans, y de las asociaciones Hablamos Español y de Convivencia Cívica Catalana contra el conseller de Educación, Josep González Cambray por no cumplir la sentencia del 25% de castellano. Indicaba que esta nueva legislación fue aprobada por el Govern y el Parlament, y, por lo tanto, hay otros mecanismos para denunciarlo. Es decir, la vía contenciosa administrativa.