El Gobierno estatal se ha ofrecido a asumir los costes que implicaría oficializar el uso del catalán, el vasco y gallego en la Unión Europea, ante las reticencias de diversos de los estados miembros en la medida. La iniciativa, puesta sobre la mesa por el Gobierno a petición del independentismo catalán como condición para dar apoyo a una eventual investidura de Pedro Sánchez, ha generado "dudas" en estados miembros como Suecia o Finlandia, que han expresado abiertamente esta semana su preocupación para que introducir estas lenguas en el uso de la UE pueda ralentizar tareas o suponer un "impacto presupuestario" que a priori no estarían dispuestos a asumir. También han destacado que hay numerosas lenguas minorizadas en los diversos estados de la UE, de forma que no saben qué efecto en cadena podría propiciar en toda Europa la oficialización de las lenguas minorizadas dentro del Estado español.
En este sentido, los países de la Unión Europea han pedido este viernes en España un dictamen de los servicios legales del Consejo y más tiempo para estudiar el impacto económico y político del reconocimiento del catalán, el gallego y el vasco como lenguas oficiales de la Unión Europea. Esta posición desvanece las opciones de acuerdo martes que viene cuando lo discutan los ministros en Bruselas. En un debate de embajadores para preparar el encuentro del martes, una gran mayoría de países han expresado su apoyo al multilingüismo como puente para conectar con los ciudadanos y han mostrado comprensión hacia los intereses de España, pero también han planteado muchas "dudas" con respecto al impacto de la medida tanto en el funcionamiento de la UE como en las arcas comunitarias, según han apuntado fuentes europeas.
No comparten el "sentido de urgencia" de Sánchez
El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que ejerce de presidencia de turno del Consejo de la UE, introdujo en la agenda de los ministros europeos el martes un intercambio de opiniones para modificar el reglamento sobre lenguas oficiales, con la intención de que el asunto fuera sometido este mismo día a la votación del bloque. No obstante, varios diplomáticos consultados apuntan a que nadie comparte el "sentido de urgencia" que traslada España, porque el resto ve prematuro tomar ningún tipo de decisión si no se han examinado a fondo cuestiones sobre las cuales el Gobierno no ha presentado todavía detalles, por ejemplo cuál sería el coste estimado de sumar estas tres lenguas cooficiales en las 24 ya reconocidas en la UE o cómo prevé cubrir el número de traductores e intérpretes que serían necesarios.
Miedo a un efecto en cadena por toda Europa
También frena las opciones de acuerdo el temor entre varias delegaciones al encaje legal en los Tratados, aunque España argumenta que la oficialidad de estas lenguas está reconocido por su Constitución y expone su introducción en el Congreso de los Diputados; así como el posible "efecto dominó" que podría generar en otros Estados miembros que se abriera la puerta a oficializar todas las lenguas minorizadas. A algunos estados miembros les preocupa que abrir este debate puede despertar reivindicaciones similares en otras regiones, según ha explicado un alto funcionario de un Estado miembro a Europa Press
Así, los socios europeos solicitan el aval jurídico del Consejo y evaluaciones de impacto detalladas sobre los aspectos financieros y administrativos si se cambiara el reglamento, lo cual hace difícil que el martes se tome una decisión. Se trata de documentos que requieren su tiempo de elaboración y varias delegaciones han dejado claro que quieren que todo eso sea examinado y discutido "detalladamente en el ámbito técnico", es decir, en grupos de trabajo en los cuales abordar la reflexión más a largo plazo, y que consideran que "es muy pronto para tomar una decisión".
"Dudas" entre los 27
El miércoles pasado, Suecia fue el primer gobierno a mostrarse públicamente indeciso al pedir examinar "más a fondo cuáles son las consecuencias jurídicas y financieras de la propuesta" y este viernes ha sido Finlandia quien ha señalado que el uso del catalán, el vasco y el gallego en la UE puede ralentizar la toma de decisiones en el ámbito comunitario y retrasar la entrada en vigor de futuras normativas. Para países como Bélgica o Países Bajos es complicado tomar una decisión sin tener sobre la mesa evaluaciones de impacto o detalles sobre cómo "articular" la entrada de tres nuevas lenguas y una reflexión sobre la manera en que eso afectará al funcionamiento de la Unión Europea. Mientras tanto, para otros países como Francia, donde el reconocimiento de las lenguas regionales es un asunto delicado, las reservas van más allá de los elementos técnicos. Hasta el momento, ningún estado miembro ha tomado posición en contra de la propuesta española y algunos se han mostrado receptivos desde el primer momento, pero la decisión requiere el apoyo unánime y son diversos los que piden estudiar con más cautela el proceso.