El Ministerio para la Transición Ecológica puso en marcha en 2022 una hoja de ruta del biogás que marcaba los retos y oportunidades del desarrollo de este gas de origen renovable y planteaba multiplicar por 3,8 su producción hasta 2030, superando los 10,4 TWh. Pero este plan no establecía unos objetivos de producción y consumo acordes con otros países de nuestro entorno.

Diferentes informes y estudios, como el realizado por PwC y publicado por la Fundación Naturgy ‘El biogás y el biometano como palanca clave en la descarbonización de la economía española’, concluyen que el potencial del biogás y el biometano en España es muy superior al que marca el Ministerio y que deberían fijarse objetivos más ambiciosos para explotar al máximo la producción de estos gases renovables, que son claves para la descarbonización y la transición energética.

El biogás y el biometano son considerados una oportunidad única para aumentar la independencia energética pero también como palanca fundamental para la descarbonización y con un gran impacto económico en la denominada en España rural.

Los datos dicen que la UE ha marcado nuevos objetivos de biometano, con una producción de 35.000 millones de m3 en 2030 así como de porcentaje de sustitución de gas natural en el consumo de gas, y los mecanismos de apoyo que promuevan su despliegue en toda Europa.

Mientras, por su parte, España tiene una Hoja de Ruta del Biogás que es mucho menos ambiciosa que la europea, a pesar de que España tiene características diferenciales que hacen del biogás un eje de descarbonización propicio. Para 2030, nuestro país fija una producción de biogás de 10,4 TWh y una sustitución del consumo de gas por biometano de un 1%. De hecho, en España solo ha cinco plantas en funcionamiento que en la actualidad no alcanzan el teravatio hora de producción, pero existen, según PwC, unos 200 proyectos para desarrollar en todo el territorio.

Según un informe de Sedigas (Asociación Española del Gas) el potencial de España de producción de este gas verde es de 163 TWh al año, lo que equivale a cubrir el 45% de la demanda nacional de gas natural. Esto supondría la puesta en marcha de 2.326 plantas con una inversión asociada de 40.500 millones de euros – un 3,6% del PIB – y la generación de 62.000 puestos de trabajo – directos e indirectos – asociados a su construcción y mantenimiento.

Como energía verde y de transición, este volumen de gas renovable evitaría la emisión de 8,3 millones de toneladas de metano, que se liberarían igualmente a la atmósfera de forma natural por la descomposición de los residuos reutilizados para generarlo.

El informe de PwC, que identifica estos gases como fundamentales para la descarbonización, también resalta la necesidad de que se establezcan mecanismos de apoyo y de un marco normativo y fiscal que regule las aplicaciones no eléctricas del biogás, que se centren en la financiación de los costes de inyección, la compensación del valor de los derechos de emisión y en garantizar la venta a un precio resultante de una subasta competitiva.

Estas medidas facilitarían poder conseguir que el uso del biogás sea una solución esencial en la reducción de la dependencia energética de la Unión Europea hacia el exterior, así como en la gestión y aprovechamiento de residuos, pero también en la reducción de emisiones.