El estado español rechazó un 156% más peticiones de asilo en el 2017 que el año anterior, según los datos oficiales hechos públicos este lunes por la Agencia Europea de Asilo. Según su último informe, si bien en España las demandas de protección internacional se duplicaron el año pasado, las denegaciones se multiplicaron por 2,5 pasando en un año de 3.395 a 8.675 solicitudes. La cifra contrasta con las 4.685 personas que en el 2017 consiguieron recibir la protección internacional que pedían. Es decir, el año pasado se rechazó el doble de peticiones de las que se concedieron.
El aumento de las denegaciones se enmarca en un incremento de peticiones de asilo en España en el último año. Mientras en el 2016 un total de 15.755 personas pidieron asilo al Estado, en el 2017 la cifra se duplicó registrando 31.120 solicitudes. Aunque en global en la UE las solicitudes de asilo cayeron un 44%, la agencia europea destaca España y Rumania como los dos países donde se ha producido un aumento más destacado. De esta manera, ahora España es el sexto estado de la UE donde se han presentado más demandas de protección internacional en el último año por detrás de Alemania, Italia, Francia, Grecia y el Reino Unido.
Demandantes de asilo venezolanos
El informe atribuye el incremento de demandantes de protección internacional al aumento de peticiones por parte de ciudadanos de Venezuela. Así, una de cada tres personas que pidieron asilo en el 2017 al Estado español eran ciudadanos venezolanos.
Refugiados menores
El número de menores no acompañados que pidieron protección internacional en España pasó de 30 a 165 al 2017. Es decir, se incrementó un 450% en sólo un año. Sin embargo, el informe resalta las trabas que sufren los menores para acceder a esta protección y las deficiencias en el procedimiento de evaluación de su edad. Por ejemplo, el texto indica que "los menores no acompañados se enfrentan a obstáculos para acceder al territorio, y a menudo son devueltos porque no hay bastantes mecanismos de selección de perfiles vulnerables a las fronteras".
El informe recoge en general las quejas sobre el sistema de asilo español por parte de ONGs y organizaciones internacionales como ACNUR y destaca las devoluciones en caliente a Ceuta y Melilla, la falta de información que proporciona la policía, la falta de asistencia legal para los refugiados o la baja calificación de los funcionarios que gestionas las demandas de asilo, entre otros.