Este jueves se ha confirmado oficialmente lo que hacía tiempo que se apuntaba: los Mossos d'Esquadra no asumirán las competencias en seguridad ciudadana, investigación y orden público en el aeropuerto del Prat ni en los puertos de Catalunya. Aunque el Ministerio del Interior había acordado esta cesión con el gobierno de Pere Aragonès, el cambio de contexto político, con los socialistas en el poder en Madrid, ha hecho que ya no sea necesario hacer concesiones al nacionalismo. Hay que destacar que la consellera Núria Parlon no ha mostrado interés en estas competencias, y el PSOE ha evitado un posible conflicto con las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional.
"Españolizar el 112"
Este retroceso de un acuerdo que el ministro Marlaska ya había aceptado no es la única noticia del día. A partir de este viernes, coincidiendo con el 46.º aniversario de la Constitución, la Policía Nacional y la Guardia Civil se integrarán en el servicio CAT112, el teléfono de emergencias que hasta ahora coordinaba solo los cuerpos operativos catalanes. Desde ahora, algunas llamadas al 112 se derivarán en los cuerpos estatales según sus competencias. Interior asegura que este cambio supone un avance en la gestión de las emergencias, pero fuentes policiales consideran que es una manera de compartir información con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que también gestionarán servicios hasta ahora exclusivos de los Mossos.
Las reacciones no se han hecho esperar. Aparte del president Puigdemont, desde el exilio, Esquerra Republicana también ha expresado su malestar. La portavoz republicana a la Comisión de Interior del Parlamento, Laia Cañigueral, ha acusado al gobierno de Salvador Illa de "españolizar" el 112 y "renunciar" a competencias ya conseguidas, atacando así el autogobierno. Junto con la portavoz del grupo parlamentario, Marta Vilalta, han pedido la comparecencia de la consellera Parlon para explicar esta decisión y la integración de la Guardia Civil y la Policía Nacional al sistema de emergencias. La indignación a Esquerra es evidente, especialmente porque este acuerdo fue fruto de años de trabajo liderados por el conseller Joan Ignasi Elena y el director general de la Policía, Pere Ferrer. Este compromiso, avalado por un informe técnico de Juan Antonio Puigserver, preveía la transferencia a los Mossos de estas competencias, tal como se hizo con la policía vasca a principios de 2024.
Preguntada durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Seguridad, la consellera Parlon ha defendido que el Govern mantiene la idea de policía integral, pero ha insistido en que no quiere asumir competencias sin los recursos necesarios. Ha asegurado que no tiene intención de retirar agentes de la calle para destinarlos a otros ámbitos mientras no se haya conseguido reducir la criminalidad en Catalunya. Desde filas republicanas y de Junts, esta explicación se interpreta como un retroceso en el autogobierno, lamentando que, en vez de reclamar más recursos para afrontar los nuevos retos en seguridad, se renuncie a competencias ya pactadas. Sin embargo, conviene recordar qué Salvador Illa fue investido con los votos de los republicanos, imprescindibles para llegar a la mayoría el pasado 8 de agosto, cuando fue nombrado president de la Generalitat.