Este lunes ha entrado en vigor el polémico nuevo registro de datos en la hostelería y algunos servicios. A partir de ahora, establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y agencias de alquiler de vehículos tendrán que recoger obligatoriamente una serie de datos de sus clientes por motivos de seguridad. Se trata de una medida controvertida, a la que se opone buena parte del sector turístico y la hostelería al considerar que es "desproporcionado", que les añade cargas burocráticas difíciles de gestionar y que desincentiva el turismo. Colectivos de abogados, por su parte, han expresado sus reticencias por el riesgo de vulneración de la privacidad de los ciudadanos. El Ministerio del Interior defiende la utilidad como instrumento policial de prevención y lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, para los que la logística del alojamiento y de los vehículos "es determinante".
Están obligados a registrar los datos de los clientes de hoteles, hostales, pensiones, casas de turismo rural, campings, establecimientos de autocaravanas, agencias de viaje y plataformas de alquiler de pisos turísticos, empresas de alquiler de vehículos y sitios web para reservar coches. Las empresas que presten estos servicios tendrán que subir los datos a una plataforma informática habilitada: Ses.hospedajes. Hasta ahora la web estaba ya habilitada, pero era opcional. En total, se registraron 61.500 hoteles, 1.100 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.700 empresas de alquiler de vehículos. Ahora que es obligatorio se han dado más de 300.000 nuevas altas de empresas.
Se recogerá información del cliente como el nombre, el sexo, el DNI, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia habitual, la dirección completa, el teléfono, el correo electrónico, el número de viajeros que acompañan al cliente y la relación de parentesco si hay un menor. Además, se pide información sobre la transacción —fecha, horas de entrada y salida, número de referencia—, el inmueble —si hay conexión en internet o no y el número de habitaciones—, y el pago —titular, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha de pago—.
Multas de hasta 30.000 euros
¿Y de cuánto es la multa en caso de que un viajero se niegue a proporcionar los datos que se le requieren? Las sanciones por infracción por parte del ciudadano, sea dar datos erróneos intencionadamente o negarse a darlas, pueden oscilar entre 100 y 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Por su parte, los propietarios y empresas que no recojan y gestionen bien estos datos también pueden ser sancionados, con multas desde 600 a 30.000 euros. El Ministerio del Interior, sin embargo, asevera que no hay afán recaudatorio.