Resarciment limitado. La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Justicia a pagar 1.400 euros al titular del lujoso restaurante Yubari de Barcelona, Arman Mayilyan, por haber pasado 35 días en prisión preventiva el verano del 2016, acusado de blanquear dinero de un grupo mafioso ucraniano. Esta causa fue archivada en julio de 2020 por la Audiencia de Barcelona al asegurar que "no se ha acreditado la existencia de ningún delito" en la inversión que hicieron las personas investigadas, como en el caso del restaurante barcelonés. El empresario, defendido por el abogado Javier García Mallol, reclamaba que al Estado español lo indemnizara con 500 euros diarios en prisión (el tribunal le ha fijado 40 euros diarios), por los daños personales y familiares ocasionados. En la resolución, el tribunal del Juzgado Central contencioso-administrativo 1 de la Audiencia Nacional afirma que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) fija que, aparte del tiempo privado de libertad y los efectos personales sufridos, así como la edad y la salud de la persona, también se tiene que valorar los ingresos perdidos. Sin embargo, que en el caso de Mayilyan afirma que no ha detallado los daños económicos, especialmente causados con el cierre judicial del restaurante japonés, situado en la avenida Diagonal de Barcelona, que quiere reabrir pronto, y por eso -indica- no contabiliza este perjuicio.

Arman Mayilyan fue detenido en julio de 2016, junto con otras once personas, entre ellos, el hijo del exalcalde de Kiev, Stepan Txernovetski, detenido en Platja d'Aro. La Fiscalía Anticorrupción los acusaba de hacer inversiones en la Costa Brava y en Barcelona para blanquear dinero de la mafia ucraniana. Mayilyan estuvo privado de libertad entre el 14 de julio y el 17 de agosto de 2016, cuando la Audiencia de Barcelona revocó su prisión preventiva, como al resto. Después de una pesada instrucción, el titular del juzgado de instrucción 21 de Barcelona decretó el sobreseimiento de la causa, resolución que en el 2020 ratificó la Audiencia de Barcelona contra la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, que no pudo concretar ninguna operación delictiva o irregular. El abogado García Mallol presentó la reclamación en la Audiencia Nacional, después de que el Ministerio de Justicia respondiera con silencio administrativo su reclamación de responsabilidad patrimonial. En el procedimiento, el Abogado del Estado rechazaba esta indemnización al asegurar que se había presentado fuera de plazo. Por el contrario, la Audiencia Nacional sostiene que no pasó el plazo de un año fijado para presentar estas reclamaciones porque se tiene que contar desde que la resolución del archivo del proceso es firme.

Responsabilidad patrimonial del Estado

En la resolución, la Audiencia Nacional recuerda que la Constitución recoge el principio general de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos, y en concreto el reconocimiento del derecho a ser indemnizado por los daños causados por error judicial o a consecuencia del funcionamiento "anormal" de la Administración de Justicia. Añade que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 2019 introdujo una nueva redacción de la ley, en la que se fija en que "en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a indemnización".

En el caso de Mayilyan, su abogado expone que la policía al arrestarlo actuó de "forma completamente desproporcionada": "La policía derribó las puertas, entró en su casa y apuntó con armas automáticas al empresario y a sus familiares, los puso en el suelo y los esposó, además de asustar a sus hijos menores de edad." Añade que también "ha sido perjudicado en su reputación y prestigio social", ya que los delitos que se le imputaban -blanqueo de capitales y organización criminal – "son muy criminalizados por la sociedad". También expone el lucro cesante sufrido, al ser intervenido judicialmente el restaurante Yubari. Para que no se estropeara la comida que tenía, el abogado propuso entregarlo a una ONG, como aceptó el juez de Barcelona. A pesar de los perjuicios reconocidos, la Audiencia Nacional solo concede al empresario una indemnización de 40 euros por cada día que ha estado en prisión preventiva, el 8% de lo que reclamaba.