A partir de este sábado 28 de diciembre, el tipo de cargador USB-C es lo único permitido para todos los aparatos electrónicos como teléfonos móviles o similares que se comercialicen en la Unión Europea (UE). Esto se debe a que ya ha acabado el plazo de adaptación de dos años que la ley europea estableció al impulsar esta normativa. La medida tiene los objetivos de unificar criterios de mercado, hacer más fácil la vida a los consumidores, mitigar la dependencia en los dispositivos de una marca y reducir residuos electrónicos. Los Estados miembros han tenido hasta ahora para aplicar internamente la directiva europea, que es obligada para teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, ebooks, teclados, ratones, consolas de videojuegos, altavoces y GPS. Los ordenadores portátiles tienen un plazo más amplio, hasta el 28 de abril del 2026, para que los obligue esta normativa.
La directiva europea también armoniza los requisitos de carga rápida y ofrece a los consumidores la opción de no recibir un nuevo cargador con cada compra de dispositivo. Los fabricantes tendrán que actualizar sus embalajes para mostrar claramente la información sobre las características de carga y lo que se incluye con cada compra. Esta normativa busca mitigar el llamado 'bloqueo tecnológico', por el cual un consumidor se vuelve cautivo de un fabricante concreto al adquirir uno de sus dispositivos, porque no son compatibles con la electrónica de otras marcas —una problemática habitual de los usuarios de dispositivos Apple—. El objetivo de esta ley es triple: garantizar la comodidad de los consumidores, reducir los residuos electrónicos y evitar la fragmentación del mercado de los dispositivos de carga, según detalla el texto de la directiva.
Hasta ahora había diversidad de cargadores y convivían en Europa el ahora obligatorio USB-C, el USB 2.0 Micro B y el Lightning —este último, exclusivo de Apple, más pequeño y plano—. Regida esta convivencia por un acuerdo voluntario del 2009. Eso, sin embargo, contribuye a generar hasta 11.000 toneladas de residuos electrónicos el año, según estimaciones de la Comisión Europea. La normativa nueva, entrada en vigor en diciembre de 2022, pretende así también atajar esta cifra, de manera que los consumidores puedan comprar nuevos dispositivos electrónicos sin tener que adquirir un cargador adicional si no lo necesitan, lo que estiman que ahorrará a la ciudadanía un agregado de hasta 250 millones de euros anuales en cargadores.
En el marco de la agenda verde europea
Esta ley se enmarca en una estrategia más amplia de la UE encaminada a reducir los residuos electrónicos e informar a los consumidores de manera que puedan tomar decisiones más sostenibles. También para promover así una economía circular. Además de reducir los residuos electrónicos generados por la venta de equipos radioeléctricos, la normativa pretende reducir la extracción de materias primas y las emisiones de CO₂ generadas por la producción, el transporte y la eliminación de cargadores. "Seguiremos de cerca cómo se adaptan los fabricantes a estos cambios y esperamos con interés los estudios de la Comisión (Europea) sobre la evolución de la carga inalámbrica y los futuros requisitos de desagregación", ha dicho este viernes la presidenta de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo, Anna Cavazzini. Para esta eurodiputada del grupo de los Verdes, "es vital garantizar que los consumidores tengan las herramientas para seguir tomando decisiones inteligentes y sostenibles a medida que evoluciona el mercado".