Un jurado popular ha sentenciado que la organización Greenpeace debe pagar más de 660 millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer (ET) por incitar unas protestas contra la construcción de un oleoducto de la compañía, las cuales degeneraron en actos vandálicos en Dakota del Norte (Estados Unidos). La entidad ecologista ya ha anunciado que recurrirá esta sentencia, pero de confirmarse la multa millonaria, la continuidad de la ONG está en peligro. El jurado declaró a Greenpeace responsable de difamación y otras demandas presentadas por ET, que lo acusó de instigar las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access, al norte del país, que retrasaron el proyecto y elevaron los costes.
La empresa energética, con sede en Dallas (Texas), reclamaba 300 millones de dólares (unos 287 millones de euros), una cifra que la misma organización ecologista ha declarado que pondría amenaza su existencia. En su demanda, ET incluía las entidades Greenpeace International, Greenpeace Inc. y Greenpeace Fund. La organización había negado las acusaciones de ET, alegando que simplemente apoyó estas protestas y no es responsable del su desarrollo. El jurado, compuesto por nueve personas, ha tomado su decisión tras dos días de deliberaciones en un tribunal de Dakota del Norte.
Represión contra las protestas ecologistas
El caso se ha denunciado como un ejemplo de demanda estratégica contra la participación pública (SLAPP, por las siglas en inglés), un tipo de litigio civil cada vez más utilizado por corporaciones, políticos y otros grupos poderosos contra activistas, opositores o periodistas, entre otros. Durante las protestas, que tuvieron lugar entre 2016 y 2017, miles de personas acamparon durante meses argumentando que el oleoducto se estaba construyendo en tierras sagradas y que podía suponer un peligro para el suministro de agua.
Según The New York Times, el cofundador y presidente de la junta directiva de Energy Transfer, Kelcy Warren —uno de los donantes más importantes en la última campaña presidencial del mandatario Donald Trump— aseguró en un vídeo proyectado durante los argumentos finales que los manifestantes crearon "una narrativa totalmente falsa". Por su parte, uno de los abogados de la empresa, Trey Cox, afirmó durante el juicio que "Greenpeace tomó un asunto local y lo explotó para cerrar el oleoducto y promover su propia agenda egoísta", recoge el medio neoyorquino.
A pesar del golpe que supone esta sentencia, Greenpeace no afloja. Después de conocerse el veredicto, la consejera general de Greenpeace International, Kristin Casper, ha expresado en un comunicado que la lucha contra las petroleras "no termina aquí". "Acabamos de empezar con nuestra demanda anti-SLAPP contra los ataques de TE a la libertad de expresión y la protesta pacífica. Veremos (la empresa) a los tribunales este mes de julio en Ámsterdam. No retrocederemos, no nos silenciarán", ha sentenciado.