Las escuchas que los investigadores de la Comissaria General d’Informació han realizado en los últimos meses para poder aclarar quién era quién en el entramado criminal de Combat 18 en Catalunya demuestran la gran peligrosidad que tenían las personas que formaban parte del grupo. Su doctrina nacionalsocialista y de ultraderecha, sin dudas sobre la opción de la lucha armada, puso en alerta a la policía catalana en una investigación que ha visto la luz esta semana y que ha acabado con más de quince detenidos, la mayoría hombres españoles de entre unos 20 y 45 años.
Si bien la relación entre ellos —la mayoría conocidos del entorno de ultraderecha y habituales de la policía, la mayoría con antecedentes por delitos de odio— al principio fue de tipo virtual, los Mossos que desde 2020 siguen a los miembros de esta rama española de Combat 18, brazo armado de la organización política racista y antisemita, Blood and Honour, también han detectado varias reuniones del grupo —claramente organizado en rangos de mando— en campings de Catalunya, donde celebraban encuentros entre ellos para organizarse y preparar acciones, y también para mantener contacto con facciones internacionales de Combat 18, sobre todo la de Francia.
Los Mossos han podido aclarar cuál era su organización interna y sus objetivos. La organización basa su lucha en una guerra global sin líderes, con los poderes políticos y económicos como objetivos, por ser, según ellos, los responsables del avance del progresismo globalista que, a su entender, acabará con la autodenominada raza blanca, uno de los argumentos del nacionalsocialismo que aseguran defender.
Combat 18 en España tenía los roles claros. Un presidente y un vicepresidente formaban la cúpula directiva de la organización, con unos lugartenientes también muy claros, un tesorero y un sargento de armas, que ocupaban el tercer lugar en el escalafón de mando de la organización criminal. Por debajo de estos, que eran los encargados de disciplinar a los miembros del grupo, estaban los militantes, personas que ya habían entrado a formar parte del grupo, así como los supporters, personas próximas pero que aún no eran miembros de pleno derecho. Durante la investigación, según ha podido saber ElNacional.cat, llegó a cambiar la figura del presidente. Una situación tensa, que no llegó a la violencia física, acabó con un golpe de estado interno, y la organización relevó la presidencia y, en parte, también la estrategia de la facción violenta.
Ataques contra mezquitas, sinagogas y locales de la izquierda
En encuentros en campings y también en las conversaciones que mantenían por canales privados de mensajería, los miembros de Combat 18 habían marcado claramente cuáles eran sus objetivos, y habían relatado cómo podían ser los ataques, unos atentados que tenían la intención de provocar víctimas mortales. La idea de los integrantes de Combat 18 no era hacer pintadas en objetivos, su intención era mucho más peligrosa. Entre ceja y ceja tenían centros de culto musulmanes e intereses de la comunidad judía y también espacios sociales del entorno de la izquierda antisistema. Hoy por hoy, sin embargo, no se ha podido localizar ningún plan concreto de acción sobre un objetivo preciso, aunque la policía catalana no descarta que pueda existir, y se está procediendo al vaciado de todo el material informático que, por orden judicial, se intervino durante el estallido del bautizado como caso Dracaris.
Pero faltaba algo para cometer los ataques. En los registros, más allá de propaganda nazi y algún manual —desactualizado— para fabricar explosivos, también se intervinieron decenas de armas blancas y armas de fuego simuladas. Con este material, sin embargo, era imposible perpetrar un ataque como el que, animados por los encuentros clandestinos que celebraban en campings, querían cometer contra mezquitas o sinagogas en Catalunya. Necesitaban armas de fuego e iniciaron la búsqueda de pistolas, armas cortas.
Comprar armas a Combat 18 Francia
Para conseguirlas, se pusieron en contacto con la facción francesa de Combat 18, pero sin suerte. Uno de los problemas que han diagnosticado los Mossos es que la falta de financiación les impidió el acceso a dichas armas. Combat 18 en España ha fracasado, también, por la incapacidad de lograr fondos que pudieran servir para financiar las acciones macabras que tenían previstas, tal como han explicado fuentes de la investigación a ElNacional.cat.
La búsqueda de fondos, con la venta de material propagandístico, que compraban ellos mismos, y las cuotas, no fue suficiente para dar el salto cualitativo que pretendían con la adquisición de armas de fuego a grupos internacionales de Combat 18 con más arraigo y actividad criminal. Sí que consta a la policía catalana que recibieron instrucción, formación y ayuda económica por parte de la facción francesa de Combat 18, pero fue insuficiente. Esta falta de recursos generaba tensión entre los miembros del grupo, que veían que, a pesar de tener claros sus objetivos, no disponían de dinero para poder materializarlos.
La Audiencia Nacional no vio terrorismo
El grupo —a pesar de que la mayoría de sus miembros son personas con antecedentes y conocidos de los especialistas de la Comissaria General d’Informació— estaba en una fase de formación y en un estado embrionario, lo que pone aún más de relieve el trabajo hecho por la policía catalana, que ha permitido detectarlos y acreditar sus delitos incluso antes de que pudieran actuar. Cuando a final de 2020 los investigadores de los Mossos tuvieron conocimiento que el grupo se iba formando, iniciaron la investigación, que, en un primer momento, y según ha podido saber ElNacional.cat, fue entrada en la Audiencia Nacional española, en Madrid, por un posible caso de terrorismo. El tribunal especial no vio que se pudiera tratar de terrorismo y lo derivó en un juzgado de Manresa, ya que uno de los principales investigados tiene domicilio en Navarcles, en el Bages.
La investigación se fue desarrollando con los mecanismos habituales de estos patrullajes digitales y el conocimiento que los Mossos d'Esquadra ya tienen de estos individuos habituales del extremismo violento, y fue cuando se encontraron con la barrera de las comunicaciones, que judicializaron el tema, para tener el amparo del juez para poder efectuar las escuchas telefónicas y los seguimientos de los trece hombres y las tres mujeres que, en colaboración con la Policía Nacional, fueron detenidos esta semana en varios municipios de Catalunya.
Tras ser arrestados y trasladados al juzgado de Manresa, que ha asumido la investigación, la Fiscalía no vio necesario pedir que ingresaran en prisión y quedaron en libertad, algunos de ellos con medidas cautelares. No se observó la posibilidad de la reiteración delictiva, la destrucción de pruebas ni tampoco riesgo de escapar del país para evitar la acción de la justicia. Todos los detenidos están acusados de organización criminal y tenencia ilícita de armas. Los investigadores de los Mossos no descartan que durante el análisis de todo el material informático intervenido a los neonazis detenidos se pueda retornar a la Audiencia Nacional si se pueden relacionar con el terrorismo de ultraderecha. La Comissaria General d’Informació ha celebrado la investigación y haber decapitado, en una fase inicial, la articulación de este grupo violento, y haber evitado, con las detenciones, que pudieran llevar a cabo alguna acción grave.