El abogado de las familias de 128 víctimas del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), Eduardo Ranz, lamenta el nuevo retraso de las exhumaciones que podría suponer la anulación judicial de la licencia urbanística que permitía la extracción de los cuerpos, tal como ha ordenado una sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 10 de Madrid este jueves. La decisión del tribunal ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por el cual se concedió licencia urbanística para las obras necesarias para las exhumaciones de la Basílica, como pedían los promotores de la denuncia para paralizar obras, entre los cuales se encuentra la Fundación Francisco Franco.
"Es un abuso que define ideológicamente a quién dicta la resolución", ha argumentado en declaraciones en EFE el abogado de las familias de las víctimas, que ha recordado que este mismo juzgado ya suspendió de manera cautelar la licencia municipal en noviembre de 2021. Esta decisión fue, no obstante, revertida posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una resolución que este mes de marzo avaló el Tribunal Supremo español. Ranz ha criticado así como un "abuso" este nuevo obstáculo para las exhumaciones, en una sentencia que, ha puntualizado, "no las suspende, pero podría suponer un retraso", y que responde a un pleito que no iba contra las familias, sino contra Patrimonio Nacional.
Sin embargo, los afecta directamente, porque podría retrasar el proceso de extracción de los cuerpos y "no tenemos tiempo", ha advertido Ranz, que ha lamentado este nuevo inconveniente para el cumplimiento de la resolución que en 2016 reconoció el derecho de los familiares de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña a recuperar sus cuerpos. De ellos, ya solo queda vivo uno y es muy grande, ha explicado el abogado, que ha insistido en que "eso no ayuda al hecho de que vea completa la sentencia" a que obliga a exhumar los restos.
Los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas del antiguo Valle de los Caídos empezaron el pasado 12 de junio con la búsqueda de 18 cuerpos reclamados por sus familiares situados en la cripta de la capilla del Sant Sepulcre, entre ellos los hermanos Lapeña, naturales de Villarroya de la Serra (Zaragoza) y fusilados en 1936 por los franquistas.
La Fiscalía se opone
La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha tardado en posicionar y, una vez conocida la resolución judicial, se ha opuesto a la paralización de las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que se están ejecutando en el Valle de Cuelgamuros. Según explica el Ministerio Público en un comunicado, la suspensión de las actuaciones generaría "un evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación y, en concreto, al cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas", un mandato recogido en la ley de memoria democrática.
Es en realidad la segunda vez que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en coordinación con la unidad especializada en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, rechaza de manera expresa la petición de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. El pasado 12 de julio se opuso a las medidas cautelares que solicitó para que pararan las exhumaciones y el juzgado central del contencioso-administrativo número 5 de la Audiencia Nacional desestimó la suspensión en un acto dictado el 27 de julio.
El Gobierno recurrirá la sentencia
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya ha anunciado que recurrirá la sentencia del juzgado de Madrid que anula la licencia de obras para los trabajos de exhumación de víctimas en el Valle. Así lo han anunciado fuentes del Ministerio de la Presidencia, que han recordado que este juzgado ya impuso medidas cautelares durante este mismo procedimiento, que "fueron recurridas y levantadas" por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y han reafirmado el compromiso del Gobierno actual con la localización y recuperación de los restos de las víctimas, "tal como desean sus familiares".