El caso de la abuela de Reus que vivía sola en casa, sin poder pagar el alquiler, el agua ni la luz y que murió el lunes por un incendio provocado por las velas ha destapado una de las realidades del Baix Camp. Las familias que viven al límite, o que malviven al límite. Tener los servicios básicos ya no está garantizado y las instituciones, todavía, ni tienen suficientes herramientas para hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, y en algunos casos, tampoco tienen suficiente conciencia.

Vivir con 210 euros en el mes

"Pedí ayuda a Servicios Sociales. Me dijeron que no y me pinché la luz. No lo supe hacer y provoqué un incendio en los contadores". Ahora el Ayuntamiento de La Canonja le reclama una deuda de 20.000 euros por la reparación. Es uno de los casos límite. Una de las familias que vive con 210 euros al mes. Son un matrimonio con cuatro hijos. De hecho, se acaban de casar para poder optar a las ayudas de familia numerosa y cobrar 426 euros más. Los 210 euros que cobran ahora salen de los dos trabajos que tiene la mujer, de solo 8 horas a la semana. Con este sueldo pagan el alquiler de 50 €. Comen de los 20 € que les da su suegra cada semana. El Ayuntamiento les ha pagado el agua hasta ahora, pero a partir del mes que viene tienen que pagarla ellos porque ella ahora ha encontrado estos dos trabajos.

"Ve a pinchar la luz, que no hay ayudas", explica el marido que les dijeron los Servicios Sociales de su pueblo. Y así lo hicieron y provocaron el incendio.

Sentirse 'okupa'

En Reus hay dos familias viviendo en pisos liberados. Han partido una casa de dos plantas y la han reconvertido en dos pisos. En uno vive un matrimonio con sus dos hijos. En el otro un padre separado y con la custodia de su hijo. No pueden pagar el alquiler ni los suministros y tienen la luz y el agua pinchados. El Ayuntamiento no es partidario de esta situación y ha alertado la PAH, pero no hay ninguna alternativa sobre la mesa.

Entre las muchas luchas personales hay la de un matrimonio y su hijo que viven en otro de los pisos liberados. La familia tiene que pasar el mes con 426 euros y también han pinchado el agua y la luz.

Algunas familias tienen miedo de pedir ayuda porque con su situación, sin ingresos y con hijos, temen que Servicios Sociales les quite la custodia de las criaturas.

Entre los que no tienen miedo y han hecho pública su situación hay un matrimonio con una niña. La mujer está embarazada y justo ahora han podido pactar un alquiler social con uno de los bancos que tiene pisos cerrados. Él cobra 426 euros al mes. El banco les cobra por el alquiler 50 euros.

Sin nada

En La Canonja, a pocos kilómetros de Reus, hay una familia que ha ocupado un piso de la Sareb. No cobran nada. Van al comedor social y tienen la luz y el agua pinchados.

En Reus, a un matrimonio con sus dos hijos les acaba de llegar la orden de desahucio. Los echan el 13 de enero. Viven con una pizca más de esperanza, porque el padre de familia acaba de encontrar trabajo, pero no saben si podrán parar los trámites del desalojo.

Ahora que viene Navidad, algunas familias han encontrado un sitio donde cogerse. Los contratos temporales por la campaña de las fiestas. Una de las familias que vive en uno de los pisos propiedad de un banco sabe que este mes cobrará 1.000 euros, excepcionalmente, porque podrá trabajar en una empresa que coge refuerzos para estas fiestas, pero saben que después todo seguirá igual. Sin nada.

La cara

En Reus hay 5.000 viviendas vacías. Muchos son propiedad de los bancos y están en manos de la Sareb. La PAH abre estos pisos para darlos a las familias que no tienen un techo donde vivir, pero todavía no han conseguido contadores sociales autorizados y pagados por el Ayuntamiento, aunque lo han pedido en varias ocasiones.

Los pisos que han liberado en Reus, tienen los servicios manipulados para que las familias puedan tener luz.

Y la cruz

En ayuntamientos como los de El Vendrell o Segur de Calafell ya hay un plan de acción. Están en marcha los contadores sociales. Los Servicios Sociales piden al banco que les pongan los contadores en los pisos que tienen liberados por la PAH. Habitualmente el banco no responde y en este punto, los Servicios Sociales dan la autorización para instalar unos contadores sociales, que asumen los ayuntamientos.