El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, ha presentado su renuncia irrevocable al cargo por "motivos personales" a raíz del escándalo de la offshore panameña. Así lo ha anunciado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que en comparecencia pública ha asegurado que ha aceptado la renuncia pese a defender que "no hay motivos para su cese", ya que según la reglamentación del estamento judicial, "nadie está obligado a comunicar una herencia a sus superiores". "No ha cometido ninguna irregularidad ni ilegalidad", ha añadido Maza.

El cargo de Moix había quedado muy tocado en las últimas jornadas, una vez se hizo público que era propietario desde 2011 del 25% de una sociedad en Panamá heredada tras la muerte de su padre. El fiscal jefe anticorrupción ha permanecido en el cargo solo 87 días y su gestión ha sido cuestionada a raíz del enfrentamiento con otros fiscales por discrepancias en la investigación de algunos casos de corrupción, en especial el caso Lezo.

De hecho, todo apuntaba a que este mismo jueves, Maza le pidiera explicaciones y que Moix alegara cansancio y la voluntad de no poner en riesgo la imagen de la Fiscalía para presentar su dimisión.

Asumir el impuesto

La sociedad, que no ha sido disuelta porque uno de los hermanos no podría asumir los gastos, está declarada a Hacienda. De hecho, el mismo Moix aseguró que no se disolvió la offshore por ahorrarse los 90.000 euros que debería pagar en impuestos. Esta sociedad habría sido constituida por su padre, Manuel Moix Martínez, en 1987 en Panamá y sólo estaba a su nombre.

El padre no dejó testamento cuando murió en 2011 y, precisamente por eso, los cuatro hermanos tuvieron que asumir el impuesto de sucesiones para declarar la sociedad. Aunque la han puesto a la venta por el mismo precio declarado a Hacienda -pese a que ahora ya se ha rebajado hasta más de la mitad-, nadie se ha interesado en comprarla.

El fiscal habría propuesto ceder su 25% a sus hermanos, que se negaron a aceptarlo para no tener que asumir aún más gastos para el mantenimiento de la propiedad. Una de las hermanas sería la encargada de administrar la sociedad y, según fuentes citadas por el diario, el fiscal no habría intervenido nunca en su control.

Críticas a Maza y Moix

El clamor ha sido unánime entre los partidos de la oposición en el Congreso para celebrar la dimisión de Moix, al par que otros han denunciado las palabras de Maza.

"La dimisión llega mal y tarde porque hace tiempo que debería haber dejado el cargo. Nunca debería haber sido nombrado un fiscal que era el preferido de un presunto corrupto ", dijo el portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en alusión a las conversaciones en las que el detenido Ignacio González hablaba así de Moix con Eduardo Zaplana.

Villegas ha pedido más tarde la dimisión de Maza y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por ser los superiores del ex fiscal Anticorrupción. Asimismo, ha denunciado las palabras del primero sobre considerar que no había motivos para la renuncia de Moix.

En declaraciones a los periodistas durante su visita a la Feria del Libro, el secretario general socialista Pedro Sánchez ha señalado el cambio de parecer del ejecutivo, "que hace dos días le defendía", pero considera que la noticia llega tarde. "Es una muestra más de que este Gobierno ni defiende la ejemplaridad de las instituciones públicas, ni está poniendo encima de la mesa las medidas para acabar con la corrupción", añadió.

Desde Unidos Podemos, Rafael Mayoral ha instado a los socialistas a apoyar su moción de censura contra Mariano Rajoy. "Las fuerza democráticas deben asumir si lo son, y si están dispuestas a al Partido Popular o si continúa la triple alianza", dijo Mayoral en alusión a PP, PSOE y Cs.

También se ha pronunciado así la diputada del PDeCAT, Lourdes Ciuró, en unas palabras a El Nacional. "Es un escándalo que para el Fiscal General del Estado tener una cuenta secreta en un paraíso fiscal, como tiene Moix, sea irrelevante", ha dicho. Por este motivo, considera que Catalá debería cesar a Maza también.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, a su vez, ha exigido la creación de una una comisión de la verdad que contribuya a "enterrar la impunidad" que cree existente en España, con el fin de no caminar hacia el "caos" y la "caída de la democracia".