El fiscal pide dos años y medio de prisión para once miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que el 23 de febrero del 2017 bloquearon los accesos al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), algunos encadenándose, para exigir la libertad de los independentistas presos.

En su escrito de calificación provisional, en que ha tenido acceso Efe, el fiscal pide dos años y medio de prisión por un delito de desórdenes públicos para once de los detenidos por esta protesta, así como un año de prisión para dos más, por desobediencia y resistencia a la autoridad por supuestamente enfrentarse a los Mossos d'Esquadra que intentaban reabrir los accesos al edificio del TSJC, en el paso de Lluís Companys de Barcelona.

Coincidiendo con el 37º aniversario del intento de golpe de estado del 23-F, un centenar de activistas se concentraron el 23 de febrero del 2017 en las puertas del TSJC impidiendo la entrada en el edificio durante una hora, en un acto convocado por los CDR y otras entidades independentistas, como CUP, Cerca, Alerta Solidaria y SEPC, para exigir la libertad de los independentistas que estaban en prisión preventiva por la causa del 1-O.

Algunos de los concentrados se encadenaron a la puerta del edificio del TSJC, mientras otros se apostaban en la escalinata de acceso al alto tribunal catalán, en actitud de resistencia pacífica, para impedir la entrada, de manera que la puerta estuvo bloqueada durante cerca de una hora, hasta que fueron desalojados por los Mossos d'Esquadra, que arrestó catorce.

De los catorce detenidos, uno quedó en libertad al ser menor y los otros trece son los que ahora irán a juicio, en el que la Fiscalía pide para once de ellos dos años y medio de prisión por desórdenes públicos y para los otros dos un año de prisión por resistencia grave a la autoridad.