El alud de mensajes xenófobos en las redes sociales a raíz del asesinato de un niño de 11 años en Toledo ha llevado la Fiscalía a estudiar si se podrían considerar delitos. El fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, en una entrevista en la Cadena SER, ha considerado que es necesario prohibir el acceso a las redes sociales a todos aquellos que cometan delitos de odio "en los casos más graves" así como acabar con el anonimato y que los usuarios estén "debidamente identificados". Aguilar ha apostado para introducir mejoras legales para que por parte del Ministerio Público y los tribunales "se pueda interesar la prohibición de acudir a entornos digitales". En relación con los comportamientos detectados en el marco del caso del asesinato del niño Mateo, y preguntado por una posible modificación del Código Penal, Aguilar ha afirmado que "con las herramientas que tenemos ahora podemos trabajar, pero indudablemente que algunos perfeccionamientos técnicos sí que precisaremos", ha señalado al ser preguntado si ve oportuna una reforma del Código Penal para regular este asunto.
Poner fin a las cuentas anónimas
El fiscal ha considerado que sería "una pena proporcionada y necesaria" cerrar el acceso a "aquellas personas que se han servido de utilizar internet o redes sociales para la comisión de un delito", "en los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto". En este sentido, ha recordado el caso de un influencer de Barcelona que grababa y difundía vídeos de personas sin hogar a los cuales humillaba dándoles galletas rellenadas de pasta de dientes, que ya se le impuso esta medida por parte de la Fiscalía de Barcelona. "Y se dictó por parte del Tribunal Supremo, cuando estudió este caso, la primera sentencia en España que contemplaba expresamente prohibir ir al lugar del delito, no solo el espacio físico, sino también el espacio virtual. Y aquí tenemos un precedente jurisprudencial. Ahora es importante que eso se traslade a la legislación", ha apuntado.
Aguilar también ha puesto énfasis a poner fin a las cuentas anónimas y que "les estén debidamente identificados", y que en caso de ser requerida por la autoridad judicial, "se facilite la identidad de estas". Porque yo sí cojo un coche o una moto, estoy plenamente identificado, quiero decir. Entonces, yo creo que sería interesante porque muchas veces nos encontramos con la dificultad que la investigación no puede prosperar porque desconocemos quién es el autor", ha indicado. El fiscal, responsable de una unidad de reciente creación, ha explicado que en este momento los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están recopilando datos y analizando mensajes difundidos en redes sobre el caso del niño asesinado. Una vez estén elaborados los informes policiales y sean remitidos en la Fiscalía o en juzgados de instrucción, aquí será cuando se haga la valoración jurídico-penal, ha explicado.
El delito de odio en España
El fiscal ha explicado que un delito de odio en España es una infracción penal "en la cual una de las motivaciones principales viene determinada por el rechazo, por la animadversión y a veces el odio y prejuicios" contra determinadas personas "por unos motivos de discriminación" que contempla el Código Penal, entre los cuales ha citado el racismo, la xenofobia, la homofobia o la discapacidad. Preguntado sobre los mensajes que se han difundido por las redes donde se acusaba a inmigrantes del asesinato del niño, ha afirmado que se tienen que analizar porque "no se puede hacer una afirmación categórica". En este sentido, ha recordado que, "desde el punto de vista del derecho penal", porque para tipificarlo como a delito de odio "es necesario que los hechos tengan una cierta entidad y una cierta gravedad".
Sobre la posibilidad de exigir la retirada de un contenido publicado en las redes por parte de los jueces, el fiscal ha detallado que solo se puede recordar si se trata de un hecho delictivo y ha hecho referencia a las sanciones administrativas para aquellas conductas que no son delito penal. "Después están todos los otros contenidos, que son la inmensa mayoría, que no son delictivos, que son odiosos y están afectando indudablemente a las condiciones de tranquilidad y de calidad de vida de muchísimas personas", ha precisado.