Petición de condena ejemplar. El fiscal delegado de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo, Antoni Pelegrín, pide 6 años de prisión para tres directivos de la empresa Ditecsa, que gestiona residuos peligrosos y está situada Montornés del Vallès, por el vertido tóxico que provocó en el río Besòs, después de que la industria sufriera un incendio, el 12 de diciembre de 2019, según el escrito de acusación al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este jueves. El fiscal los acusa de dos delitos: un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y un delito relativo a la protección de la flora y fauna. Además de la pena de prisión, el fiscal solicita cerca de 2,2 millones de multa a la empresa y 16.200 euros a los directivos. La Audiencia de Barcelona será el tribunal encargado de juzgarlos.
El fiscal expone que en el incendio de Ditecsa se generó una gran columna de humo tóxico y peligroso que duró horas y el vertido de miles de toneladas de aquellos residuos también tóxicos y peligrosos acumulados en la industria en el río Besós, que puso en peligro las personas del municipio, que se tuvieron que aislar en sus casas, y afectó instalaciones y el ecosistema del Besòs, con la muerte de peces. "La combustión incompleta que se produjo en aquel incendio de los compuestos orgánicos, como son los disolventes presentes en gran abundancia el día de los hechos en la planta de Ditecsa, produjo la emisión a la atmósfera de familias de compuestos muy contaminantes y muy peligrosos para la salud humana y el medio ambiente, lo cual sabían o aceptaban los tres acusados", afirma el fiscal Pelegrín y a los cuales acusa de "mantener aquella gestión incorrecta de los residuos" en la empresa.
Las indemnizaciones
Además, el fiscal solicita que los acusados y la empresa acusada, de manera conjunta y solidaria, tendrán que indemnizar a la Agencia Catalana del Agua (ACA) con 72.813 euros y la suma que se determine en ejecución de sentencia consistente en la valoración de los gastos para la recuperación ambiental del río Besòs y sus acuíferos; al Consorcio Besòs-Tordera con la suma de 591.265,93 euros por los daños causados a su EDAR y a la red de aguas residuales; en Nedgia SA con la cantidad de 18.346,52 euros por los daños causados en sus instalaciones de distribución y a la Dirección general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Generalitat de Catalunya con la cantidad de 72.813 euros por los gastos sufridas por este organismo para apagar el incendio de la factoría de los acusados del día 11 de diciembre de 2019.
Los acusados sabían los riesgos de ampliar la producción
Los acusados son: el de director general de Ditecsa desde el año 2018; el delegado de la empresa desde el año 2014 y responsable de los residuos de aquella factoría desde el año 2017, y lo que era el responsable de la producción y jefe de aquella planta industrial desde el año 1990. En el escrito de acusación, el fiscal Pelegrín detalla como desde el 2005 Ditecsa fue ampliando su capacidad de gestión de tóxicos con permisos de la Generalitat, de la cual el fiscal se muestra muy crítico por no haber valorado correctamente los riesgos. Precisa que “en 2018 se incrementó la capacidad de tratamiento de disolventes usados o sucios hasta 15.325 tn/año, disminuyendo la capacidad de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos en la transferencia de residuos y dejándola en 1992 tn/año y 8 tn/año de aceites con PCB’s (policloruros de bifenil)”.
El fiscal sostiene que los tres investigados, conforme a su responsabilidad y sus cargos respectivos, “eran conscientes que aquel progresivo incremento de la producción de disolvente reciclado y de la actividad tarea de transferencia de residuos, que implicaban un importante acopio de residuos tóxicos y peligrosos en las instalaciones de, no se realizaba de manera correcta y respetando la normativa administrativa ambiental sobre gestión de residuos y de productos peligrosos, ni las medidas correctoras previstas en la autorización ambiental y memorias técnicas que formaban parte de esta y la posterior revisión de aquella autorización ambiental". Ocultaron información hasta que el 11 de diciembre de 2019 se produjo la grave explosión con efectos al ecosistema del Besòs, concluye.