La Fiscalía de Tarragona ha archivado la investigación sobre los vertidos de pellets en las playas de Tarragona, Salou y de La Pineda de Vila-seca. El ministerio público argumenta que no se ha podido obtener "mucha información" sobre el origen de los pellets ni cuándo fueron vertidos, por lo que "no se han podido atribuir episodios concretos" a las doce empresas inspeccionadas "ni fijar un tiempo en cada uno de ellos que sea inferior al plazo de preinscripción". En este sentido, el fiscal subraya que las investigaciones de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y los Agentes Rurales no han permitido detectar un vertido "con entidad suficiente" que suponga un "comportamiento delictivo" por parte de las empresas bajo la lupa.
En enero del 2024, la Fiscalía abrió la investigación para tratar de determinar el origen de los pellets —pequeñas lentejas de plástico de colorines con los cuales la industria trabaja para hacer objetos de plástico— que hace décadas que desgraciadamente forman ya parte del ecosistema de las playas tarraconenses. El objetivo del ministerio público era aclarar el origen de los vertidos que han propiciado el estropicio medioambiental y dirimir si ha habido un presunto delito. Las organizaciones ambientalistas y locales que han abordado la problemática, por su parte, coinciden en atribuir estos pellets a vertidos de la industria petroquímica tarraconense, si bien finalmente la investigación legal no lo ha aclarado, como tampoco lo hicieron las que la Fiscalía ya inició en 2019 y en 2021.
El motivo de reapertura de la investigación fue el vertido del buque Toconao, con bandera de Liberia, que inundó de pellets las costas de Galicia, Asturias y Cantabria en enero del 2024 al perder seis contenedores ante las costas del norte de Portugal, uno de los cuales llevaba miles de sacos de 25 kilos de estos microplásticos. Al su vez, la Generalitat, entonces bajo el Govern del president Pere Aragonès, abrió un expediente por responsabilidad medioambiental contra trece empresas de la industria petroquímica tarraconense después de que denunciaran las entidades Good Karma y Surfriders, que documentaron y atribuyeron el origen de los pellets a estas compañías, a causa de pérdidas a lo largo de sus cadenas de producción, y lo presentaron todo ante el Parlamento Europeo.
El Govern no sancionó a las empresas
Finalmente, el Govern determinó a principios de agosto que no podía sancionar estas trece empresas porque no se puede demostrar que incumplieran la Ley de responsabilidad ambiental con respecto al vertido de pellets. Ahora bien, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural obligó a las empresas del polígono petroquímico de Tarragona que trabajan con granzas de plástico o pellets—de polipropileno y polietileno— a aplicar medidas de prevención para evitar la contaminación de ríos y playas, en un plazo máximo de seis meses.
El Govern subrayó que a pesar de haber quedado probada la contribución de estas actividades a la contaminación de suelos, cauces y playas, "la Administración no los puede exigir una reparación mancomunada, ya que el procedimiento se ha desarrollado de acuerdo con la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, y hay evidencias de la presencia de pellets antes de la aprobación de la norma, sin que sea posible distinguir cuáles son anteriores y cuáles posteriores, cuáles tienen origen del suelo en mar y cuáles pueden proceder, por ejemplo, de pérdidas del transporte marítimo, o, incluso, de otros países del Mediterráneo".
"Se ha constatado que una deficiente praxis en las diferentes etapas de la cadena y carencias en las instalaciones de transformación, almacenaje y distribución han comportado que los residuos se hayan ido vertiendo y acumulando en el medio", apuntó el Govern. Para evitar esta contaminación, el Departament ya ha instado a las operadoras Basell Poliolefinas Ibérica, Dow Chemical Ibérica, SK Primacor Europe, Transformadora de Etileno, Ravago Plásticos, y Repsol Química, como fabricantes, y las actividades de Katoen Natie Ibérica, Schmidt Ibérica, PGI Spaini Chemieuro, como operadores logísticos, que elaboren y apliquen un plan de gestión de pérdidas de plástico.