La Fiscalía de Barcelona ha presentado un recurso contra la eutanasia a un hombre de 54 años, que aprobó la titular del juzgado de lo contencioso-administrativo 5 de Barcelona, según ha denunciado la asociación Derecho a Morir Dignamente, que ha calificado la posición del Ministerio Público de "cruel y desproporcionado". El hombre había obtenido el aval médico del Comité de Evaluación y Garantías de la Generalitat, y la magistrada, Montserrat Raga, lo paralizó, de forma cautelar, a petición de su familia y de la Fiscalía. Estudiado el caso, la magistrada, lo aprobó al considerar que la persona es adulta y tiene plenas facultades para decidir, y que su familia o entorno no se puede atribuir el derecho sobre la vida de esta persona.
Sin embargo, la Fiscalía pedirá al Tribunal de Justicia de Catalunya (TSJC) que tumbe la resolución que avala la voluntad del enfermo. La Generalitat, por el contrario, ya se opuso a paralizar la muerte digna de esta persona, y ahora defenderá que se le aplique la eutanasia, según han confirmado fuentes del Govern a ElNacional.cat este jueves. Inicialmente, la magistrada derivó el caso al TSJC ante la importancia del asunto, pero el alto tribunal catalán lo devolvió al juzgado al asegurar que el comité médico no es un ente directo de la Generalitat de Catalunya, que es competencia suya. Ahora, el TSJC sí que se tendrá que pronunciar sobre el fondo de la demanda.
Con diversas discapacidades
El hombre ha sufrido tres ictus y dos infartos desde el 2020 y, en consecuencia, presenta importantes secuelas. Además, sufre afasia —que le dificulta el habla—, no puede escribir sin ayuda, le cuesta seguir el hilo de frases largas y, aunque comprende lo que se le explica, es incapaz de mantener una conversación con normalidad. Aparte, tampoco puede conducir ni moverse sin ayuda de un bastón. Por esta razón, y a pesar de los tratamientos, hace un año expresó a los médicos que "a raíz de su discapacidad no le encuentra sentido en la vida". El paciente relató a los sanitarios que "no quiere llegar a tener más discapacidades".
Críticas a la Fiscalía
Ante la presentación del recurso, la asociación Derecho a Morir Dignamente ha manifestado que "la misión del Ministerio Fiscal es promover la acción de justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos" y ha calificado de "escandaloso" que solicite impedir el ejercicio del derecho a la prestación de ayuda para morir de este ciudadano "después de haber rellenado una tramitación legal, considerada como la más garantista del mundo".
La entidad añade que la Fiscalía propone que por cuestiones procesales (como el concepto de legitimidad de un familiar) no se respete la voluntad de morir de una persona que vive en un contexto eutanásico, y lo considera que "es cruel y absolutamente desproporcionado". Y concluye: "El contexto eutanásico no es el momento, ni el lugar, para estos debates técnicos."
Un segundo caso pendiente
Otro juzgado contencioso de Barcelona tiene pendiente de resolver un segundo caso, que inicialmente también se paró, a pesar de haber obtenido el aval del comité de la Generalitat. Es el caso de una chica de 23 años afectada de una lesión medular, que la mantiene con una discapacidad de 74%, y a la vez sufre un trastorno límite de la personalidad y ha pasado por varios intentos de suicidio. Su padre, representado por la asociación de extrema derecha Abogados Cristianos, llevó el caso a los tribunales y otra jueza de lo contencioso de Barcelona paralizó la eutanasia en agosto; y después del TSJC de rechazarlo, hace falta una respuesta judicial sobre el fonso, como en el primer caso.