Son casi setenta. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha cifrado en 68 las causas abiertas por abusos sexuales a menores en el ámbito religioso. Las fiscalías autonómicas han informado de más de sesenta procedimientos en tramitación por este tipo de casos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. De esta manera han respondido a la petición hecha por la FGE, que pidió que le remitieran todas las denuncias y querellas en trámite tanto en sedes judiciales como en la Fiscalía sobre agresiones y abusos sexuales a menores en cualquier institución religiosa. En un comunicado difundido este miércoles, la FGE ha explicado que ya las ha recibido todas.

Una decena de las causas están en Catalunya. Concretamente, la Fiscalía ha cifrado en catorce los casos del Principat, de los cuales tres se encuentran en sobreseimiento provisional y uno se ha archivado porque ya había prescrito. Con respecto a las ubicaciones, en el caso del área metropolitana hay unas diligencias previas al juzgado de instrucción número 7 de Barcelona (que se sigue exclusivamente por un delito de posesión de pornografía infantil) y cuatro casos en L'Hospitalet de Llobregat, en los juzgados de instrucción número 1 y 4. Respecto al resto del territorio, en Reus, Valls y Tarragona se encuentran los casos en sobreseimiento, y solo ha abierto unas diligencias previas al juzgado de instrucción 3 de Valls. Hay un procedimiento abierto en Terrassa, y unas diligencias previas en Manresa. En Mataró encontramos tres casos, uno de ellos investigado en el juzgado de lo penal 1 y unas diligencias previas a los juzgados 3 y 4, aunque en el último caso se encuentran archivadas por prescripción.

Procedimientos por territorios

A falta de conocer la cifra oficial que aporte la FGE, el dato resulta de la suma de los procedimientos contenidos en los informes remitidos por los fiscales superiores que Efe ha cifrado en 62 causas abiertas, de las cuales seis están archivadas provisionalmente, una vez que todos los organismos autonómicos han cumplido con la orden de Dolores Delgado. En su oficio del pasado 31 de enero, el ministerio público daba un plazo de diez días a los 17 fiscales superiores autonómicos para el envío de toda la documentación relativa a procedimientos "incoados tanto en sede judicial como fiscal". El plazo se cumplió este lunes.

Por territorios, Catalunya lidera la lista con las catorce causas mencionadas; justo por delante de la Comunidad de Madrid, con ocho. A continuación, se sitúan Andalucía y Galicia, con siete diligencias en tramitación cada una; Murcia, con seis; Castilla la Mancha y Castilla y León, con cinco cada una; el País Vasco, el País Valencià y las Balears, con cuatro; y Aragón y Canarias, con dos. Por su parte, los fiscales superiores de Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Navarra han informado a la FGE del hecho de que "no hay procedimientos penales" en tramitación por casos de abusos a menores en instituciones religiosas a sus comunidades autónomas. Una vez recibidos los datos cuantitativos relativos a las causas, la FGE explica que realizará "un análisis cualitativo de las mismas con la finalidad de estudiar y dimensionar el fenómeno de los procedimientos en tramitación".

Iniciativas para aclarar los hechos

La FGE señala que "promover la acción de la justicia es el mandato constitucional y el interés en el trabajo de las fiscalías ante los hechos que puedan ser constitutivos de delito". Fuentes fiscales explicaron a Europa Press que esta recopilación "manual" de los datos de las diferentes fiscalías era la única manera de tener una "visión global" de diagnosis de la situación, ya que las aplicaciones informáticas del ministerio público no permiten tener datos desagregados para identificar, por ejemplo, las características del autor de los abusos. El año 2019, la FGE remitió un informe al Ministerio de Justicia donde se alertó de una "deficiente" respuesta al problema de los abusos a la Iglesia católica al estado español y propuso investigar los casos del pasado, tal como han hecho países como Australia, Holanda o Austria.

Desde el ejecutivo estatal han explicado que las actuaciones de la Fiscalía no agotan a otras medidas que el Gobierno estudia "para aclarar los hechos e impedir que se vuelvan a repetir", incluidas también iniciativas parlamentarias, en referencia a los casos de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en instituciones religiosas. Concretamente, unos días antes de asumir la FGE la investigación de los abusos en instituciones religiosas, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu registraron una iniciativa en el Congreso de los Diputados para crear una comisión parlamentaria para investigar estos casos en la Iglesia católica. Asimismo, el PNV presentó otra iniciativa para que fuera una comisión independiente de expertos la que llevara a cabo el informe. Por su parte, el PSOE ha presentado una iniciativa para que sea el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien lidere la investigación de los abusos en la Iglesia, de la mano de una comisión independiente formada por expertos, representantes de las asociaciones de víctimas e incluso miembros de la misma Iglesia.